Jornalero sin contrato muere en invernadero de un exconcejal del PSOE en Gualchos

Un jornalero de 32 años, de origen ruso según algunas fuentes y rumano según otras, falleció tras sufrir un fallo cardíaco mientras realizab...

Un jornalero de 32 años, de origen ruso según algunas fuentes y rumano según otras, falleció tras sufrir un fallo cardíaco mientras realizaba labores en un invernadero ubicado en el municipio de Lújar, en la provincia de Granada. El terreno pertenece a Miguel Pérez Castillo, quien hasta ese momento era concejal de Agricultura del PSOE en el Ayuntamiento de Gualchos-Castell de Ferro, una localidad de unos 5.300 habitantes en la costa granadina. Tras el suceso, Pérez Castillo presentó su dimisión irrevocable, argumentando que deseaba evitar cualquier perjuicio al ayuntamiento y al pueblo, y para centrarse en esclarecer lo ocurrido.

El trabajador, que formaba parte de una cuadrilla contratada por una empresa externa para realizar tareas específicas de acondicionamiento del invernadero, como la retirada y colocación de plásticos bajo un intenso calor, comenzó a sentirse indispuesto durante la mañana, aquejado de un fuerte dolor torácico. Según los informes, fue trasladado por sus compañeros al centro de salud de Castell de Ferro, situado a unos 300 metros de la finca, pero no informó que estaba trabajando para un tercero. Al llegar, se desplomó y, a pesar de los esfuerzos de los sanitarios, no pudo ser reanimado. La autopsia preliminar apunta a un paro cardíaco como causa de la muerte, aunque las circunstancias exactas están bajo investigación por parte de la Guardia Civil y la Inspección de Trabajo.

La alcaldesa de Gualchos-Castell de Ferro, Antonia María Antequera (PSOE), confirmó que el concejal había contratado a una empresa externa, probablemente de Motril, para realizar estas labores, y que desconocía si los trabajadores de la cuadrilla, todos de la misma nacionalidad, tenían contratos legales. Este hecho ha generado una fuerte controversia, con críticas centradas en la precariedad laboral en el sector agrícola y la responsabilidad de los empleadores, especialmente de figuras públicas. La dimisión de Pérez Castillo, que se formalizará en el próximo pleno municipal de septiembre, fue descrita como un acto de responsabilidad política, aunque él no está formalmente investigado por el momento.

El caso ha desatado un intenso debate en redes sociales y medios locales, amplificado por el sindicato Solidaridad, vinculado a Vox, que anunció que emprenderá acciones legales para esclarecer los hechos y determinar si hubo irregularidades laborales. Su secretario general, Jordi de la Fuente, señaló que, de confirmarse que el concejal estaba al tanto de la contratación de mano de obra ilegal, “irán hasta el final”. Por su parte, los sindicatos CCOO y UGT han condenado enérgicamente el suceso, calificándolo como una muestra de la “vergonzosa” persistencia de contrataciones irregulares en el siglo XXI y de la falta de medidas preventivas, especialmente en plena ola de calor. Han anunciado que denunciarán el caso ante la Inspección de Trabajo para exigir responsabilidades y han destacado que esta es la novena muerte por accidente laboral en Granada en 2025, seis de ellas ocurridas entre julio y agosto.

La agricultura en la región de Gualchos, conocida por sus cultivos bajo plástico que abarcan unas 3.400 hectáreas, es un pilar económico, pero este incidente pone de relieve las condiciones laborales precarias que enfrentan muchos trabajadores, especialmente inmigrantes. La investigación en curso determinará si hubo negligencias en las medidas de seguridad o en la contratación de la cuadrilla, mientras la comunidad de Gualchos-Castell de Ferro, conmocionada, espera respuestas. La alcaldesa expresó sus condolencias a la familia del fallecido y defendió la valía personal de Pérez Castillo, quien, además de su rol político, es un agricultor local con una explotación dedicada a cultivos como tomates, pimientos y pepinos.

Este trágico suceso ha reavivado las críticas sobre la necesidad de reforzar la vigilancia en materia de seguridad laboral y garantizar el cumplimiento de la normativa en el sector agrícola, especialmente en un contexto de temperaturas extremas que agravan los riesgos para los trabajadores.