Tirador de 15 años sentenciado a 7 años por atentado contra candidato colombiano Miguel Uribe

U n tribunal colombiano ha sentenciado a siete años de prisión en un centro de menores al tirador de 15 años responsable del atentado contr...

Un tribunal colombiano ha sentenciado a siete años de prisión en un centro de menores al tirador de 15 años responsable del atentado contra el candidato presidencial de derecha Miguel Uribe, quien falleció como consecuencia de las heridas sufridas. La sentencia, anunciada esta mañana por la Fiscalía General de la Nación, marca el cierre de un capítulo judicial en un caso que ha sacudido a Colombia desde el ataque del 7 de junio de 2025 en Bogotá. El adolescente, identificado solo por sus iniciales por motivos legales, fue acusado de intento de asesinato y no de homicidio debido a restricciones legales que protegen a los menores, a pesar de que Uribe murió dos meses después como resultado de las heridas, intensificando el debate sobre la justicia penal juvenil en el país.

El ataque ocurrió durante un acto de campaña en el parque El Golfito, en el barrio de Modelia, cuando el joven, descrito por las autoridades como un "sicario" contratado, disparó tres veces contra Uribe con una pistola Glock 9 mm, alcanzándolo en la cabeza y la pierna. Uribe, senador y precandidato del Centro Democrático para las elecciones de 2026, luchó por su vida durante semanas en la clínica Fundación Santa Fe, pero sucumbió el 11 de agosto debido a complicaciones derivadas de un sangrado cerebral. El tirador, herido en la pierna durante su captura por los escoltas de Uribe, fue detenido en el lugar y enfrentó cargos iniciales de intento de asesinato y porte ilegal de armas, cargos que no se modificaron a homicidio por las leyes colombianas, que limitan las imputaciones a menores de 18 años tras aceptar una defensa.

La sentencia de siete años, emitida por un juzgado especializado en justicia juvenil, refleja el máximo permitido bajo la Ley 1098 de 2006 para menores infractores, que prioriza la rehabilitación sobre el castigo. La Fiscalía argumentó que el adolescente actuó bajo las órdenes de una red de sicarios vinculada al narcotráfico, un detalle respaldado por un video de su detención donde gritó que lo hizo "por dinero para mi familia". Sin embargo, el fallo ha generado indignación entre los seguidores de Uribe, quienes consideran la pena insuficiente dada la gravedad del resultado. María Claudia Tarazona, viuda de Uribe, expresó su dolor en un mensaje en X a las 10:30 COT (16:30 CEST), afirmando que "la justicia no refleja la pérdida de mi esposo y el dolor de Colombia".

El caso ha puesto bajo el foco la explotación de menores por parte del crimen organizado en Colombia. La investigación, que incluyó la detención de cinco adultos acusados de planificar el atentado, reveló que el arma utilizada fue comprada legalmente en Arizona en 2020, un dato que sigue bajo análisis para determinar su entrada al país. El informe del Ministerio de Defensa, citado por El Tiempo, estima que al menos 400 menores fueron reclutados por grupos criminales en 2024, un contexto que el juez consideró al dictar la sentencia, enfocándose en la rehabilitación del menor en un centro especializado en Cali. Sin embargo, críticos como el senador Paloma Valencia han denunciado que "siete años no compensan dos vidas perdidas", refiriéndose a Uribe y al impacto en su familia.

La reacción pública ha sido intensa. En redes, el hashtag #JusticiaParaUribe ha superado las 350,000 interacciones, con memes y mensajes que cuestionan la lenidad del sistema penal juvenil, mientras que organizaciones de derechos humanos, como la Fundación Paz y Reconciliación, han defendido la sentencia como un paso hacia la reintegración social. El presidente Gustavo Petro, en un discurso a las 11:00 COT (17:00 CEST), llamó a abordar las raíces del problema, señalando la pobreza y la falta de oportunidades que llevan a menores a ser explotados por el crimen, un comentario que ha reavivado las tensiones políticas tras las críticas de Uribe a su política de paz.

El impacto del caso trasciende lo judicial. La muerte de Uribe, un político conservador y nieto del expresidente Julio César Turbay, ha dejado un vacío en el Centro Democrático, con su padre, Miguel Uribe Londoño, asumiendo su legado como candidato. En las calles de Bogotá, vigilias y marchas han demandado reformas legales, mientras el gobierno evalúa endurecer las penas para menores en casos de terrorismo, un debate que podría influir en las elecciones legislativas de 2026. Con la sentencia apelada por la familia de Uribe y la investigación de los autores intelectuales aún en curso, el caso sigue siendo un símbolo de los desafíos de seguridad y justicia en una Colombia marcada por la violencia política.