Audiencia de Badajoz confirma juicio a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, por malversación en plaza "fabricada a medida"

La Audiencia Provincial de Badajoz ha confirmado el procesamiento del músico David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánche...

La Audiencia Provincial de Badajoz ha confirmado el procesamiento del músico David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, por un delito de malversación de caudales públicos, validando la instrucción llevada a cabo por la magistrada Beatriz Biedma del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz. El auto, emitido ayer y al que ha tenido acceso información privilegiada, concluye que la plaza de coordinador cultural se diseñó en exclusiva para él, adaptada a sus "exclusivas preferencias personales", con correos electrónicos que demuestran que tanto él como su entorno daban por hecho el nombramiento 23 días antes de la publicación de las bases. Esta decisión, que rechaza los recursos de los acusados, abre la puerta a un juicio oral y pone en el centro del debate la posible influencia familiar en adjudicaciones públicas, dejando al PSOE en una posición delicada ante la opinión pública.

La plaza, creada en octubre de 2016 cuando Pedro Sánchez aún era secretario general del PSOE, se adjudicó a David en junio de 2017 tras un proceso que la juez Biedma califica de "simulación formal". Los correos intervenidos muestran que el hermano del presidente conocía los detalles del puesto con antelación, participando en la entrevista solo para aparentar legalidad. La magistrada destaca que el cargo, con un coste anual de 123,000 euros, no respondía a necesidades reales de la Diputación de Badajoz, sino a un diseño a medida que incluía flexibilidad horaria y ausencia de obligaciones diarias, adaptado a la carrera musical de David. Posteriormente, en 2022, el puesto se renombró como Jefe de la Oficina de Artes Escénicas, una modificación que el auto describe como "torticera" para eliminar incompatibilidades legales y asegurar su permanencia.

El procesamiento se extiende a Miguel Ángel Gallardo, entonces presidente de la Diputación y actual líder del PSOE extremeño, junto a otros nueve cargos por prevaricación y tráfico de influencias. El auto subraya que Gallardo, con conocimiento de las irregularidades, coordinó la creación del puesto y su adjudicación, utilizando su influencia para favorecer al hermano de Sánchez. También se implica a Luis María Carrero, exasesor de Moncloa, contratado posteriormente en la Diputación para apoyar a David en proyectos como Ópera Joven, financiados con recursos públicos. La juez concluye que estos actos configuran un "trato de favor" con malversación, ya que los fondos se desviaron para beneficio personal sin contraprestación real.

La confirmación de la Audiencia rechaza argumentos de la defensa, como la falta de influencia de Pedro Sánchez por su renuncia temporal al PSOE en 2016, recordando que la propuesta del puesto se hizo en octubre de ese año, cuando aún era secretario general. Los magistrados ven "indicios suficientes" de criminalidad, con correos como el titulado "hermanísimo" del 19 de mayo de 2017, enviado entre directores de conservatorios, como prueba de conocimiento previo. La Fiscalía, que inicialmente se opuso al juicio, ahora debe ratificar su acusación, mientras las partes populares (Manos Limpias, PP y Vox) piden tres años de prisión para David y Gallardo.

El auto, de 71 folios, detalla 27 indicios, incluyendo la creación de la plaza sin necesidad real y su adaptación posterior, como no requerir presencia diaria, lo que benefició la agenda de David. El hermano de Sánchez, en su primera declaración en enero de 2025, no supo definir sus funciones, un detalle que la juez usó para cuestionar la legitimidad del puesto. Gallardo, procesado por su rol en la coordinación, enfrenta cargos similares, con la Audiencia rechazando su inmunidad como aforado.

El impacto es inmediato. El PSOE ha guardado silencio, mientras la oposición exige dimisiones y una auditoría nacional. David, que rechazó continuar en la Diputación en febrero de 2025, enfrenta un juicio que podría extenderse a 2026, con penas de hasta cinco años. Este caso, que salpica a la cúpula socialista, ha polarizado a la sociedad, con debates sobre nepotismo y la ética en adjudicaciones públicas. Con el juicio oral en el horizonte, el legado de esta plaza "a medida" promete redefinir la confianza en las instituciones, dejando un precedente de accountability para el poder.