Escándalo en igualdad: Fallos en pulseras antimaltrato por proveedor barato ponen en riesgo a miles de víctimas

El Ministerio de Igualdad ha sido sacudido por un escándalo que revela graves deficiencias en el sistema de pulseras telemáticas antimaltrat...

El Ministerio de Igualdad ha sido sacudido por un escándalo que revela graves deficiencias en el sistema de pulseras telemáticas antimaltrato, tras un cambio de proveedor por uno mucho más barato que provocó la pérdida de datos de órdenes de alejamiento anteriores a 2024. Esta negligencia ha dejado a las víctimas expuestas a sus agresores, derivando en sobreseimientos y absoluciones injustas, y ha puesto en entredicho la seguridad de miles de mujeres que dependen de estas medidas para su protección. Los errores en la gestión y el traspaso de datos entre empresas han sido el origen del problema, con consecuencias que han durado al menos ocho meses sin que el Ministerio alertara a las afectadas, un silencio que ahora se considera una omisión imperdonable.

El sistema de pulseras, implementado para monitorear a condenados por violencia de género y alertar ante infracciones de alejamiento, colapsó tras la sustitución del proveedor original por uno de bajo costo, una decisión que priorizó el ahorro presupuestario sobre la fiabilidad técnica. Los fallos iniciales incluyeron desconexiones frecuentes, imprecisiones en la geolocalización y, lo más grave, la desaparición de registros históricos de órdenes de alejamiento emitidas antes de 2024. Estos datos perdidos, esenciales para rastrear patrones de comportamiento de los agresores, impidieron que los tribunales tuvieran evidencia sólida en múltiples juicios, resultando en absoluciones que han devuelto a la calle a hombres peligrosos. En al menos 150 casos documentados en los últimos seis meses, jueces han desestimado pruebas telemáticas por su falta de veracidad, permitiendo que víctimas vieran caer sus denuncias por la ausencia de corroboración digital.

La gestión del traspaso de datos entre el proveedor anterior y el nuevo fue un desastre desde el principio. Los archivos, que debían migrarse de manera segura, se corrompieron durante el proceso, borrando información crítica como ubicaciones históricas y alertas previas. Este error no solo afectó a las víctimas, sino que también comprometió la cadena de custodia de la evidencia, un requisito fundamental en los procesos judiciales. El Ministerio de Igualdad, consciente de la brecha desde al menos enero de 2025, optó por no informar a las afectadas, un silencio que duró ocho meses y que ha sido calificado como una negligencia criminal. Durante este período, mujeres protegidas por órdenes de alejamiento vivieron con la amenaza de que sus agresores pudieran aproximarse sin que el sistema lo detectara, un riesgo que ha expuesto fallos sistémicos en la protección de género.

Las consecuencias han sido devastadoras. En varias regiones, como Andalucía y Cataluña, se han reportado casos donde víctimas han solicitado nuevas pulseras tras descubrir la pérdida de datos, pero la saturación del sistema ha retrasado las entregas, dejando a cientos en un limbo de vulnerabilidad. Jueces han expresado su frustración en autos judiciales, argumentando que la falta de pruebas telemáticas debilita los casos y genera impunidad para los maltratadores. Este escándalo no solo erosiona la confianza en el Ministerio de Igualdad, sino que también cuestiona la efectividad de las políticas contra la violencia de género, un problema que afecta a miles de mujeres anualmente. La decisión de optar por un proveedor barato, posiblemente influida por recortes presupuestarios, ha priorizado el ahorro inmediato sobre la seguridad a largo plazo, un error que ahora exige respuestas.

La indignación ha sido generalizada. Asociaciones de víctimas han organizado concentraciones frente a ministerios, exigiendo dimisiones y una auditoría inmediata de todos los dispositivos en uso. Familias de mujeres afectadas han compartido testimonios de miedo constante, destacando cómo la pérdida de datos las dejó sin la red de seguridad que el Estado prometió. En el ámbito político, la oposición ha calificado el incidente de "negligencia intolerable", demandando una comisión de investigación parlamentaria para examinar la cadena de decisiones que llevaron al cambio de proveedor. El Ministerio, por su parte, ha prometido una revisión exhaustiva y la sustitución gradual de las pulseras defectuosas, pero la confianza pública está dañada, con muchas víctimas optando por medidas privadas de protección.

Este caso ha reavivado el debate sobre la inversión en tecnologías de vigilancia. Expertos en seguridad sugieren que el costo inicial de un sistema robusto se amortiza con la prevención de tragedias, pero la elección de opciones económicas ha expuesto las vulnerabilidades de un programa vital. Con al menos 50,000 pulseras en circulación, el riesgo de más absoluciones injustas persiste, dejando a las víctimas en un estado de indefensión que el gobierno debe abordar con urgencia. El escándalo no solo cuestiona la gestión actual, sino que plantea preguntas sobre la prioridad de la protección en un país donde la violencia de género sigue cobrando vidas, exigiendo un cambio profundo para restaurar la fe en un sistema que debe ser infalible.