Juez Peinado demanda a Marlaska y Puente por injurias: Exige retractación en acto de conciliación

El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha dado un paso audaz al demandar al ministro del Interior, ...

El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha dado un paso audaz al demandar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, exigiendo que se retracten de sus acusaciones de prevaricación en su contra. Esta acción legal, que busca un acto de conciliación como paso previo a una posible querella por injurias y calumnias, representa un enfrentamiento directo entre el poder judicial y el Ejecutivo, poniendo en el centro del debate la independencia de los jueces y los límites de la crítica política. Peinado, conocido por su manejo de casos de alto perfil, ha optado por esta vía para defender su honor profesional, en un contexto donde las tensiones entre los poderes del Estado han alcanzado un punto de ebullición.

La demanda surge de declaraciones recientes de Marlaska y García Ortiz, quienes en intervenciones públicas cuestionaron la imparcialidad de Peinado al instruir el caso de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, por presunta malversación. El ministro del Interior llegó a insinuar que el juez actuaba con "prevaricación" al dilatar el proceso, mientras el fiscal general sugirió irregularidades en la gestión de pruebas. Estas afirmaciones, que Peinado considera calumniosas, han sido el detonante para esta respuesta judicial, que busca no solo una retractación formal, sino también una disculpa pública para restaurar su reputación. El acto de conciliación, previsto para finales de septiembre, requerirá la presencia de abogados o procuradores de los demandados, ya que ni Marlaska ni García Ortiz están obligados a comparecer en persona, aunque su ausencia podría interpretarse como un desafío al juez.

Peinado, que ha dirigido investigaciones sensibles como el caso de los audios de Bárcenas y el caso Koldo, ha acumulado críticas de sectores del Gobierno por su rigor en casos que involucran a figuras del PSOE. Su demanda no solo defiende su integridad, sino que cuestiona el uso de cargos públicos para deslegitimar al poder judicial, un mecanismo que podría erosionar la separación de poderes. El juez argumenta que las acusaciones de prevaricación no solo son infundadas, sino que buscan presionar para influir en el curso de las investigaciones, un acto que roza el delito de coacción. Esta confrontación ha elevado la temperatura en un país donde la independencia judicial ya es un tema candente, con el Consejo General del Poder Judicial dividido y el Gobierno impulsando reformas que los conservadores ven como un asalto a la autonomía de los jueces.

La respuesta del Gobierno ha sido contenida pero firme. Marlaska, en una comparecencia breve, defendió su derecho a criticar decisiones judiciales que considera "anómalas", mientras García Ortiz reiteró que la Fiscalía actúa con independencia, aunque evitó mencionar directamente la demanda. Fuentes cercanas al Ejecutivo sugieren que la estrategia es no escalar el conflicto, pero la oposición ha aprovechado para atacar, calificando la demanda como una "venganza judicial" contra el Gobierno. En las redes sociales, el debate ha explotado con hashtags como #PeinadoVsGobierno, acumulando cientos de miles de interacciones, donde usuarios defienden la independencia del juez o critican lo que ven como un abuso de poder.

El acto de conciliación, que se celebrará en un juzgado de Madrid, podría ser el preludio de una querella formal si no hay acuerdo. Peinado exige una retractación pública y una disculpa por daños morales, mientras los demandados podrían optar por el silencio o una respuesta mínima. Este enfrentamiento no solo afecta a los implicados, sino que pone en riesgo la credibilidad del sistema judicial, con jueces de instrucción sintiéndose expuestos a presiones políticas. El caso de Begoña Gómez, que incluye cargos por malversación y tráfico de influencias, ya ha sido un foco de controversia, y esta demanda podría dilatar aún más el proceso, dejando a la opinión pública en vilo.

Socialmente, el incidente ha polarizado a la sociedad, con defensores de la justicia viendo en Peinado un baluarte contra la interferencia política, y críticos argumentando que los jueces no deben usar herramientas legales para defenderse de opiniones. En un país donde la corrupción ha sido un lastre, este choque de poderes resalta la fragilidad del equilibrio institucional, recordando que la independencia judicial es el pilar de una democracia sana. Con el acto de conciliación acercándose, el desenlace podría ser un acuerdo discreto o una batalla judicial que exponga más grietas, dejando un legado de tensión que podría influir en reformas futuras.