Polémica en Mora de Rubielos: El Ayuntamiento restringe el uso del frontón municipal para priorizar a refugiados

El Ayuntamiento de Mora de Rubielos, un pequeño municipio de Teruel con apenas 1.600 habitantes, ha generado una controversia significativa ...

El Ayuntamiento de Mora de Rubielos, un pequeño municipio de Teruel con apenas 1.600 habitantes, ha generado una controversia significativa tras emitir un bando municipal que establece horarios preferentes para el uso del frontón municipal por parte de un grupo de 110 refugiados, mayoritariamente de Mali, alojados en el Hotel Mora desde el 3 de septiembre de 2024. Según el comunicado oficial, hasta el 8 de septiembre de 2025, el frontón estará reservado para los refugiados de 12:00 a 18:00 horas, dejando el resto de los horarios para los vecinos. A partir de esa fecha, el horario preferente para los refugiados se mantendrá de lunes a viernes por las mañanas hasta las 18:00, quedando el frontón libre para los vecinos los fines de semana y después de esa hora entre semana.

El bando, emitido con el objetivo de "facilitar la adecuada utilización de las instalaciones municipales y promover la convivencia", ha sido interpretado por algunos vecinos y sectores políticos como una restricción al acceso de los residentes a un espacio público clave, especialmente en un pueblo turístico donde las instalaciones deportivas son limitadas durante la temporada estival. El alcalde, Hugo Arquímedes Ríos, del Partido Aragonés (PAR), explicó que la medida busca gestionar la saturación de las instalaciones deportivas, dado que durante el verano el municipio ve incrementada su población hasta los 7.000 habitantes debido a los veraneantes. Sin embargo, reconoció que la llegada de los refugiados, que representan un aumento del 7% en la población local, ha generado tensiones y un "halo de desinformación" entre los vecinos.

La decisión ha avivado críticas, especialmente por parte de la formación política VOX, que ha calificado a los refugiados como "inmigrantes ilegales" y ha acusado al Gobierno central de fomentar una "invasión migratoria". VOX convocó una manifestación el 31 de agosto de 2024 en la plaza del Ayuntamiento para protestar contra la llegada de los refugiados, pero esta fue prohibida por la Subdelegación del Gobierno en Teruel por no haberse comunicado con suficiente antelación. A pesar de la prohibición, el portavoz de VOX en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, compareció en el lugar, denunciando la medida como "delirante" y responsabilizando al PSOE y al PP por cualquier problema derivado de la presencia de los refugiados.

Por su parte, la Cruz Roja y la ONG Accem, encargada de gestionar la acogida de los refugiados, han aclarado que los 110 varones, de entre 23 y 55 años y en su mayoría solicitantes de asilo político, están en situación regular, procedentes principalmente de Mali, un país en guerra. Accem destacó que, en el último año, 250 refugiados han pasado por Mora, con una treintena logrando inserción laboral en sectores como la construcción, la hostelería y la agricultura. Además, los refugiados han participado en actividades comunitarias, como la preparación de un arroz típico de su país durante las fiestas locales, lo que ha sido bien recibido por parte de la comunidad.

Sin embargo, la falta de comunicación previa por parte del Gobierno central y la ONG ha sido un punto de fricción. El alcalde expresó su frustración por enterarse del traslado a través de Accem, sin coordinación directa con el Ayuntamiento, la Delegación del Gobierno o el Ministerio de Inclusión. Esta situación llevó a la dimisión del segundo teniente de alcalde, Rafael Vicente (PAR), quien calificó la llegada de los refugiados como una "falta de consideración espectacular" y señaló que un aumento poblacional del 7% es "difícil de absorber" para un pueblo pequeño.

A pesar de las tensiones iniciales, el balance tras un año de acogida de refugiados en Mora de Rubielos ha sido calificado como "positivo" por el alcalde, la ONG Accem y el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán. Vecinos y autoridades destacan la "convivencia armoniosa" y el impacto económico positivo en comercios locales, aunque reconocen desafíos como la escasez de viviendas y la presión sobre las infraestructuras deportivas. Algunos residentes han mostrado empatía, recordando sus propias experiencias como migrantes, mientras que otros expresan recelo ante el aumento poblacional y la falta de información clara.

El caso ha puesto en el foco la gestión de la inmigración en pequeñas localidades rurales y ha generado un debate sobre la integración, la transparencia y el equilibrio entre las necesidades de los refugiados y los derechos de los vecinos. Mientras el frontón municipal sigue siendo un punto de controversia, el municipio se enfrenta al reto de mantener la calma y fomentar una convivencia que beneficie a todos.