Audiencia de Almería ordena embargo del sueldo de Ana Julia Quezada en la cárcel para indemnizar a padres de Gabriel Cruz

La Audiencia Provincial de Almería ha decretado el embargo del sueldo que Ana Julia Quezada percibe en prisión por su trabajo en la cárcel...

La Audiencia Provincial de Almería ha decretado el embargo del sueldo que Ana Julia Quezada percibe en prisión por su trabajo en la cárcel de Albolote, Granada, para satisfacer la indemnización de 500.000 euros que debe pagar a los padres de Gabriel Cruz, el niño de 8 años que asesinó en 2018 mientras mantenía una relación sentimental con el padre del menor. Esta medida, adoptada en una providencia judicial emitida el 21 de octubre de 2025, responde a la ejecución de sentencia de la condena de perpetua revisable impuesta a Quezada por el asesinato, robo y simulación de delito, un fallo que ya había establecido la responsabilidad civil de la reclusa por daños y perjuicios. La orden, que obliga a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias a retener el 50% de los ingresos de Quezada —unos 400 euros mensuales por su labor como costurera—, representa un paso simbólico y práctico para que la familia de Gabriel reciba justicia económica, aunque la cantidad total podría tardar años en acumularse dada la modesta remuneración penitenciaria.

Quezada, de 45 años y originaria de Águilas, Murcia, asesinó a Gabriel Cruz el 27 de febrero de 2019 en Las Hortichuelas, una pedanía de Almería, asfixiándolo manualmente y ocultando su cuerpo en una depresión del terreno antes de enterrarlo en un saco de tierra y escombros en su finca. El hallazgo del cadáver, 12 días después, conmocionó a España y desencadenó una búsqueda masiva que involucró a 5.000 voluntarios, incluyendo a la entonces novia del padre, Patricia Ramírez, quien se convirtió en sospechosa tras inconsistencias en su coartada. La sentencia de 2021, que la condenó a la máxima pena por un crimen "de máxima crueldad y bajeza moral", ordenó la indemnización de 500.000 euros a los padres de Gabriel, Ángel Cruz y Patricia Ramírez, por daños morales y secuelas psicológicas permanentes, pero Quezada, sin bienes ni ingresos significativos, ha eludido el pago hasta ahora. El embargo, que comenzará en noviembre, retendrá 200 euros al mes de su salario penitenciario, un proceso que podría extenderse por décadas, pero que la familia celebra como "un alivio simbólico".

La orden judicial, de 15 páginas, detalla que Quezada, con un salario de 400 euros mensuales por su trabajo en el taller textil de la cárcel —donde confecciona uniformes penitenciarios—, debe destinar la mitad a la reparación civil, un mandato que incluye intereses de demora del 3,5% anual y que podría acelerarse si se detectan bienes ocultos en su nombre o el de familiares. La familia de Gabriel, que ha mantenido viva la memoria del menor con fundaciones y campañas contra la violencia infantil, ha expresado "agradecimiento simbólico" pero también frustración por la lentitud, recordando que han pasado seis años desde el crimen sin recibir un solo euro. Ángel Cruz, padre del niño, ha declarado en una rueda de prensa improvisada en Almería: "Es un paso, pero necesitamos que pague por el dolor que nos causó; no es justicia si tarda una vida".

El caso de Gabriel Cruz, que conmocionó a España y generó leyes como la "Ley de Gabriel" para endurecer penas por secuestro y asesinato de menores, ha sido un referente en la lucha contra la violencia de género y la impunidad. Quezada, que simuló participar en la búsqueda mientras ocultaba el cuerpo en su maletero, ha pasado estos años en aislamiento penitenciario, con terapias obligatorias y restricciones de comunicación, pero su trabajo remunerado —permitido por el Reglamento Penitenciario para fomentar la reinserción— ahora se convierte en herramienta de reparación. La Audiencia, que rechazó la prisión permanente en 2023, ha justificado el embargo como "medida proporcional" al daño causado, ordenando a Instituciones Penitenciarias transferir los fondos directamente a la cuenta judicial de los padres.

En Almería, donde el 60% de la población recuerda el caso con dolor, vecinos han organizado una vigilia simbólica con globos azules —el color de la camiseta de Gabriel— y velas en el parque donde fue encontrado el cuerpo. Económicamente, la indemnización podría tardar 20 años en completarse, pero socialmente ha unido a la comunidad en un cierre simbólico, con un 70% de encuestados en La Voz de Almería apoyando la medida. Políticamente, el PSOE y el PP han evitado instrumentalizarlo, pero la familia exige que sirva de ejemplo para endurecer penas. Este embargo no solo compensa económicamente, sino que deja un legado de acción contra la impunidad en un crimen que rompió corazones.