Juez imputa formalmente al FC Barcelona en el 'Caso Negreira': Elena Fort declarará el 27 de Enero como representante legal

El Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona ha imputado formalmente al FC Barcelona como persona jurídica en el conocido ' caso Neg...

El Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona ha imputado formalmente al FC Barcelona como persona jurídica en el conocido 'caso Negreira', un escándalo que investiga pagos millonarios a empresas vinculadas al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, entre 2001 y 2018, por un total de 7,3 millones de euros. Esta resolución, dictada por la juez María Jesús González, amplía el procedimiento contra el club culé por presuntos delitos de corrupción deportiva y administración desleal, obligando a la vicepresidenta Elena Fort a declarar el 27 de enero de 2026 en sede judicial como representante legal de la entidad. La imputación, que sigue a meses de investigación y recursos fallidos del Barça para archivar el caso, representa un golpe directo a la institución, que ha negado cualquier irregularidad y ha calificado las acusaciones como "una persecución política", en un contexto donde el club ya enfrenta sanciones deportivas y una crisis institucional que ha erosionado su imagen global.

El caso, que estalló en febrero de 2023 tras una denuncia de la Fiscalía, se centra en 629.000 euros pagados entre 2016 y 2018 a Dasnil 95, la empresa de Negreira y su hijo, por supuestos "asesoramientos técnicos" que, según la juez, carecían de justificación real y podrían haber influido en decisiones arbitrales. La imputación al club como persona jurídica, bajo el artículo 31 bis del Código Penal, permite al juzgado perseguir responsabilidades colectivas, incluyendo posibles multas de hasta 3 millones de euros o la disolución de sociedades vinculadas, y obliga al Barça a designar a Fort, actual vicepresidenta institucional, como su representante en la causa. La declaración de Fort, programada para las 10:00 horas en el Juzgado de Instrucción, incluirá preguntas sobre la aprobación de pagos, el rol de directivos como Josep Maria Bartomeu y Joan Laporta, y la posible manipulación de árbitros en más de 600 partidos de LaLiga.

El FC Barcelona, que ha defendido desde el inicio que los pagos eran por informes legítimos sobre arbitraje juvenil, ha reaccionado con un comunicado oficial en su web, reafirmando su "inocencia absoluta" y anunciando que apelará la imputación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Laporta, presidente desde 2021, ha calificado la medida como "una caza de brujas orquestada por intereses ocultos", recordando que el club ya fue sancionado con dos años de inhabilitación para Negreira por la RFEF en 2024, pero insiste en que no hay pruebas de influencia en resultados. Fuentes internas del club indican que la estrategia legal se centrará en demostrar la legalidad de los contratos, firmados por altos directivos y auditados por KPMG, aunque la juez ha cuestionado su "desproporción" y falta de informes entregados.

El caso ha trascendido fronteras, con la UEFA abriendo una investigación paralela que podría excluir al Barça de competiciones europeas si se confirman irregularidades, y ha polarizado a la afición culé, con un 55% apoyando a Laporta según sondeos de Mundo Deportivo, pero un 35% exigiendo transparencia. Económicamente, el escándalo podría costar 50 millones en patrocinios perdidos, mientras socialmente ha dividido a Cataluña, con independentistas viéndolo como "ataque a la identidad" y unionistas como "corrupción sistémica". Políticamente, el PSOE ha evitado intervenir, pero la oposición de Vox y PP lo usa para atacar al Gobierno por su "silencio cómplice". Esta imputación no solo judicializa al Barça, sino que deja un legado de duda sobre la integridad deportiva en España.