Juez peruano rechaza restricción de salida a Dina Boluarte: Podría dejar el país durante investigación por lavado de dinero

Un juez penal de Lima ha rechazado la solicitud de la fiscalía para impedir que la derrocada presidenta Dina Boluarte abandone Perú durante...

Un juez penal de Lima ha rechazado la solicitud de la fiscalía para impedir que la derrocada presidenta Dina Boluarte abandone Perú durante la investigación en su contra por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, una decisión que ha generado controversia en un país aún convulso por la crisis política que la vio destituida el 6 de octubre de 2025. El magistrado, en un auto emitido esta mañana, argumentó que no existen elementos suficientes para acreditar riesgo de fuga o destrucción de pruebas, permitiendo a Boluarte, de 62 años, mantener su pasaporte y libertad de movimiento mientras el caso avanza. Esta resolución, que contradice la petición de la fiscalía de embargar sus bienes y restringir su salida, ha sido criticada por la oposición como un "guiño a la impunidad", en un contexto donde la exmandataria enfrenta cargos que podrían acarrearle hasta 20 años de prisión si se prueban las irregularidades en su patrimonio.

El caso contra Boluarte se centra en el presunto lavado de 1.2 millones de dólares en joyas de lujo, relojes Rolex y bolsos de diseñador adquiridos durante su mandato de 2022 a 2025, un período marcado por acusaciones de corrupción y el uso represivo de las fuerzas armadas contra protestas que dejaron 60 muertos. La fiscalía, liderada por el Ministerio Público, había solicitado la medida cautelar tras auditar su declaración patrimonial, que reveló bienes incompatibles con su salario de 15,000 soles mensuales, incluyendo un Rolex Daytona valuado en 50,000 dólares y un bolso Hermès de 20,000. Boluarte, quien asumió como vicepresidenta de Pedro Castillo y gobernó tras su arresto por autogolpe, ha negado los cargos, alegando que los objetos son "regalos familiares" y que su fortuna proviene de herencias y ahorros, pero la jueza ha desestimado la restricción, priorizando el principio de presunción de inocencia.

Esta decisión llega en un momento delicado para Perú, donde la transición liderada por el interino José Jerí, de Acción Popular, enfrenta protestas indígenas en Cusco y Arequipa que demandan justicia por las víctimas de 2023 y rechazan la "impunidad para los corruptos". Boluarte, arrestada provisionalmente el 7 de octubre por rebelión y malversación, permanece en la cárcel de Barbadillo, pero el rechazo de la medida le permite, en teoría, salir del país si el juez lo autoriza, un riesgo que la fiscalía había alertado por su doble nacionalidad peruano-boliviana y posibles vínculos con redes en el exterior. El auto judicial, de 20 páginas, concluye que no hay "indicios razonables" de fuga, dada su arraigo familiar y la vigilancia policial, pero obliga a Boluarte a presentarse quincenalmente ante el juzgado.

La oposición ha reaccionado con furia. María Corina Machado, desde su exilio, ha calificado el fallo como "una bofetada a la justicia", exigiendo la intervención de la OEA para evitar que Boluarte escape, mientras Verónika Mendoza, líder izquierdista, denuncia "protección al golpe blando". Jerí, el interino, ha pedido calma y prometido reformas judiciales para evitar impunidades, pero el caso ha reavivado protestas en Lima, con miles bloqueando avenidas y exigiendo el cierre de la prisión de Barbadillo si no se endurecen las medidas.

Económicamente, el escándalo no impacta directamente, pero socialmente ha profundizado la desconfianza en las instituciones, con un 70% de peruanos creyendo en una "justicia para ricos" según sondeos locales. Políticamente, fortalece a la derecha en las elecciones de 2026, pero arriesga inestabilidad si Boluarte usa su libertad para movilizar bases. Este rechazo judicial no solo libera a la exmandataria, sino que deja un legado de dudas sobre la imparcialidad en un Perú que busca sanar sus heridas políticas.