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Martiño Ramos, exlíder de En Marea (la rama gallega de Podemos) y profesor de educación infantil y primaria en un colegio de A Coruña, se encuentra en paradero desconocido tras ser condenado a 25 años de prisión por violar sádicamente a una alumna de su clase durante cuatro años, un caso que ha conmocionado a la comunidad educativa y ha reavivado debates sobre la impunidad en el abuso infantil. La sentencia, dictada por la Audiencia Provincial de A Coruña el 15 de octubre de 2025, detalla cómo Ramos, de 48 años, abusó de la menor desde que tenía 10 años hasta los 14, combinando agresiones sexuales con golpes y puñetazos que le causaron lesiones permanentes, un patrón de violencia que el tribunal ha calificado como "sádico y planificado". La fuga del condenado, que eludió el traslado a prisión al alegar "problemas de salud", ha activado una búsqueda policial en Galicia y el norte de Portugal, mientras la familia de la víctima exige justicia y protección para otras posibles afectadas.
Los hechos, que ocurrieron entre 2018 y 2022 en el colegio público de Narón, comenzaron a salir a la luz en 2023 cuando la ahora adolescente, con apoyo psicológico, relató los abusos a su madre, quien presentó denuncia inmediata. Ramos, que impartía clases de educación emocional y valores, seleccionaba momentos de "tutorías individuales" para aislar a la niña en su aula, donde la sometía a penetraciones vaginales y anales, acompañadas de puñetazos en el abdomen y la cara para silenciarla. La menor, que sufría terrores nocturnos y aislamiento social, guardó silencio por miedo a represalias, pero pruebas forenses confirmaron lesiones crónicas y ADN en muestras de la víctima. El juicio, que duró dos semanas, incluyó testimonios de compañeros que notaron moretones inexplicables y un informe psiquiátrico que diagnosticó a Ramos como "narcisista con tendencias sádicas", recomendando su internamiento indefinido.
Ramos, que fue un referente político en En Marea desde 2016, renunció a cargos tras la denuncia, pero su condena ha expuesto fallos en la supervisión escolar, donde el colegio no detectó los abusos pese a que la menor faltaba clases con excusas de "dolores estomacales". La sentencia impone 25 años de cárcel, inhabilitación perpetua para cargos educativos y una indemnización de 200.000 euros a la víctima, que ahora recibe terapia intensiva. La Ertzaintza ha desplegado 50 agentes para rastrear a Ramos, con alertas en aeropuertos y fronteras, sospechando que huyó hacia Portugal o Francia, donde tiene contactos familiares. La madre de la niña ha declarado: "Mi hija luchó por hablar, y él huye como cobarde; queremos que pague cada puñetazo".
El caso ha reavivado el escándalo de abusos en escuelas, con un 20% de casos no detectados según informes locales, y ha polarizado a la política gallega, con el PP exigiendo dimisiones en Educación y el BNG distanciándose de En Marea. Económicamente, no impacta directamente, pero socialmente ha unido a familias en demandas de protocolos más estrictos. Políticamente, daña a la izquierda, dejando un legado de trauma y la urgencia de proteger a los más vulnerables.





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