El Gobierno de Pedro Sánchez ha bloqueado la concesión de 2.500 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a la Comunidad Vale...
El Gobierno de Pedro Sánchez ha bloqueado la concesión de 2.500 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a la Comunidad Valenciana, una medida que ha sido denunciada como un "castigo político" diseñado para desestabilizar al Ejecutivo autonómico de Carlos Mazón (PP-Vox) en medio de la reconstrucción tras las riadas de octubre de 2024. Esta decisión, que rompe con la tradición de 12 años de apoyo incondicional al FLA para comunidades en dificultades financieras, ha sido calificada por el portavoz de Vox, José María Llanos, como un "intento vil de hacer caer al Gobierno de Mazón a costa del dolor de las víctimas", en una ciudad que aún llora a 220 fallecidos y miles de damnificados. Mientras la Generalitat Valenciana, en coalición con Vox, ha resuelto el 95% de las ayudas directas a afectados, el Ejecutivo socialista solo ha entregado menos del 17% de los 1.500 millones comprometidos, dejando a la región en un limbo presupuestario que podría paralizar obras urgentes y agravar la crisis económica.
El FLA, un mecanismo de liquidez creado en 2012 para asistir a autonomías con problemas de tesorería, ha sido un salvavidas para Valencia en los últimos años, permitiendo financiar servicios esenciales sin recurrir a mercados financieros. Sin embargo, el rechazo de Moncloa, comunicado al ministro de Hacienda valenciano, Llanos, en una carta del 10 de octubre, condiciona la ayuda a "garantías de uso eficiente", un eufemismo que en realidad apunta a presiones políticas tras las críticas del Gobierno de Mazón a Sánchez por la gestión de las riadas. Llanos, en una intervención en el Congreso, ha denunciado que "este bloqueo no es casualidad; es un sablazo vengativo para forzar elecciones autonómicas anticipadas, usando el sufrimiento de Valencia como arma". El ministro ha recordado que el FLA ha sido concedido a regiones gobernadas por el PSOE sin condiciones, como Andalucía en 2023 con 1.200 millones, y ha exigido que Sánchez "deje de castigar a las víctimas por sus rencillas partidistas".
La Generalitat, por su parte, ha destacado su eficiencia en la respuesta inmediata, resolviendo el 95% de las 50.000 solicitudes de ayudas directas con 400 millones de euros desembolsados en los últimos 12 meses, cubriendo desde reparaciones de viviendas hasta apoyo psicológico para 10.000 damnificados. Sin embargo, el bloqueo del FLA amenaza con paralizar proyectos clave, como la reconstrucción de 5.000 viviendas en la huerta valenciana y la reparación de infraestructuras hídricas por 1.000 millones, dejando a la región expuesta a una deuda de 4.500 millones de euros en 2026. Mazón ha convocado un pleno extraordinario para declarar la "emergencia presupuestaria", mientras Vox, aliado en el gobierno autonómico, ha anunciado una moción de censura contra el ministro de Hacienda de Sánchez si no revierte la decisión.
El dato de la entrega del 17% de los compromisos nacionales —solo 255 millones de los 1.500 prometidos— ha sido calificado como "vergonzoso" por Llanos, quien ha recordado que Valencia ha invertido 2.000 millones propios en las riadas, mientras el Gobierno central ha priorizado "ayudas a otros fines". La oposición ha unido fuerzas en la denuncia, con el PP exigiendo una comisión de investigación parlamentaria y el PSOE defendiendo que el FLA se concede "por criterios técnicos, no políticos". Socialmente, en Valencia, familias afectadas han organizado protestas en Valencia y Alicante, con pancartas que dicen "Sánchez, los muertos no votan", mientras en redes sociales, hashtags como #FLAValenciaYa acumulan 150.000 interacciones, con un 70% de encuestados en Levante-EMV apoyando a Mazón.
Económicamente, el bloqueo podría elevar la deuda de Valencia al 120% de su PIB autonómico, afectando 50.000 empleos en la reconstrucción. Políticamente, fortalece a la oposición nacional, pero arriesga una fractura en la coalición valenciana si no se resuelve. Esta decisión de Sánchez no solo frena la recuperación, sino que deja un legado de división, recordando que la política puede ser un obstáculo para la solidaridad.





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