Absueltos dos jóvenes marroquíes en Valencia por relaciones con menores de 13 años: Tribunal aplica la «cláusula de Romeo y Julieta»

  La Audiencia Provincial de Valencia ha dictado sentencia absolutoria para dos jóvenes de origen marroquí, de 18 y 19 años, que se enfrent...

 

La Audiencia Provincial de Valencia ha dictado sentencia absolutoria para dos jóvenes de origen marroquí, de 18 y 19 años, que se enfrentaban a peticiones de hasta 17 años de prisión por supuestos delitos de agresión sexual a dos niñas tuteladas de 13 años en un centro de menores de la capital valenciana. El tribunal, en una resolución que ha generado controversia nacional, ha aplicado la denominada «cláusula de Romeo y Julieta» —una figura jurídica introducida en el Código Penal en 2022 para casos de relaciones consentidas entre adolescentes con proximidad de edad—, argumentando que las menores prestaron su consentimiento libre y que existía una «madurez emocional y física similar» entre las partes, pese a la diferencia de cinco y seis años respectivamente. La decisión, que exonera a los acusados de los cargos de violación y abuso sexual, ha sido celebrada por las defensas como «un acto de justicia», pero ha desatado indignación entre asociaciones de protección infantil y colectivos feministas que la califican de «peligrosa laguna legal».

Los hechos se remontan a la primavera de 2024, cuando las dos niñas, residentes en un centro de acogida dependiente de la Generalitat Valenciana, mantuvieron encuentros sexuales con los jóvenes en un parque cercano al recinto y en un piso compartido en el barrio de Russafa. Las relaciones, que duraron varias semanas, fueron denunciadas por educadores del centro tras detectar cambios de comportamiento en las menores y mensajes explícitos en sus móviles. La Fiscalía de Menores solicitó inicialmente 17 años para cada acusado por agresión sexual a menor de 16 años, argumentando que las niñas, en situación de vulnerabilidad por su tutela institucional, no podían prestar un consentimiento válido. Sin embargo, el tribunal ha considerado probado que las menores actuaron «sin coacción ni engaño», basándose en peritajes psicológicos que certifican una «madurez superior a la media» para su edad y en testimonios de las propias niñas, que declararon en cámara Gesell que «querían» las relaciones y que los jóvenes «las trataban bien».

La sentencia aplica el artículo 183 quater del Código Penal, que permite eximir de responsabilidad penal en casos de relaciones consentidas cuando la diferencia de edad no supere los cinco años y exista «proximidad en el grado de madurez», una cláusula pensada originalmente para parejas adolescentes de 15 y 17 años, pero que en este caso se ha extendido a mayores de edad con menores de 14. Los magistrados han destacado que los acusados, llegada a España como menores no acompañados en 2022, presentaban un «desarrollo emocional equiparable» al de las niñas debido a sus experiencias migratorias, y que no existió violencia ni aprovechamiento de la situación de tutela.

La absolución ha generado reacciones inmediatas. La Generalitat Valenciana ha anunciado que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia, mientras la Fiscalía ha presentado recurso de casación al Tribunal Supremo por «interpretación extensiva» de la cláusula. Asociaciones como Save the Children y la Plataforma por la Infancia han convocado concentraciones en Valencia para el sábado, con 5.000 personas esperadas bajo el lema «La infancia no consiente». En redes, #RomeoYJulietaNo supera los 2 millones de interacciones, con un 70 % criticando la decisión como «permisiva con la pederastia». Los abogados de los jóvenes han celebrado la sentencia como «precedente humanitario», mientras las familias de acogida de las niñas han exigido la dimisión de la consellera de Igualdad.

El caso pone en cuestión la aplicación de la cláusula en contextos de vulnerabilidad institucional y migratoria, con expertos jurídicos advirtiendo de un posible «efecto dominó» en casos similares. Valencia, que gestiona 1.200 menores tutelados, ha reforzado protocolos en centros con 200 educadores adicionales. Socialmente, ha polarizado: un 55 % apoya la sentencia por «consentimiento», pero un 40 % la ve como «riesgo». Políticamente, debilita al Consell, con su aprobación al 48 %. Esta absolución no solo libera a dos jóvenes: abre un debate ético sobre los límites del consentimiento en una sociedad que protege la infancia.