Blindaje histórico: subidas del 2,5 % anual hasta 2028 para que ningún funcionario pierda ni un euro de poder adquisitivo

El Boletín Oficial del Estado publicará este jueves 6 de noviembre de 2025 el real decreto-ley que blinda el salario de 2,78 millones de ...

El Boletín Oficial del Estado publicará este jueves 6 de noviembre de 2025 el real decreto-ley que blinda el salario de 2,78 millones de empleados públicos hasta el final de la legislatura. Por primera vez en democracia, el Gobierno firma un pacto plurianual con los sindicatos que garantiza que la nómina crezca siempre por encima del IPC: 2 % fijo cada enero más una cláusula de revisión en marzo que añade hasta 0,5 % extra si la inflación interanual supera esa barrera. El resultado: 2,5 % asegurado en 2025, 2026, 2027 y 2028, lo que supone 10 puntos porcentuales acumulados y 4.900 millones de euros adicionales en las cuentas públicas.

La medida nace de la lección de 2022, cuando los funcionarios perdieron 8,7 puntos de poder adquisitivo en solo 24 meses. El ministro de Hacienda, Carlos Cuerpo, compareció ayer en Moncloa junto a los secretarios generales de UGT y CCOO para sellar el acuerdo. “No habrá más carreras de fondo contra la cesta de la compra”, afirmó. El pacto incluye una novedad técnica: el INE calculará un “IPC funcionario” que pondera más la vivienda, la luz y los alimentos, los capítulos que más castigan a las familias mileuristas. Si ese índice supera el 2,5 %, la diferencia se abonará en la nómina de abril con efectos retroactivos al 1 de enero.

El impacto en la calle es inmediato. Una maestra interina de primaria con trienio y complemento de destino pasará de 2.180 € brutos mensuales a 2.398 € en 2028, 218 € más al mes que le permitirán pagar la hipoteca variable que se le disparó con el euríbor al 4,1 %. Un auxiliar administrativo de la Seguridad Social en Vigo verá su sueldo base subir de 1.420 € a 1.562 €, suficiente para que la cuota del colegio concertado deje de ser un drama cada septiembre. Los cuerpos de élite tampoco se quedan atrás: un inspector de Hacienda grupo A1 ganará 4.920 € netos en 2028 frente a los 4.470 € de hoy.

Los sindicatos celebran la paz laboral. “Hemos convertido la incertidumbre en certeza”, resumió el presidente de CSIF, Miguel Borra. A cambio, el Gobierno logra tres años sin huelgas en sanidad, educación ni justicia. Solo Fetico y los sindicatos independentistas catalanes y vascos se desmarcaron: exigen un plus territorial del 5 % para Euskadi y Cataluña “porque el IPC de San Sebastián no es el de Badajoz”. La Moncloa lo rechaza de plano para evitar agravios.

El coste no es baladí: 1.180 millones en 2025, 1.240 en 2026, 1.300 en 2027 y 1.180 en 2028. El Ministerio de Hacienda lo financiará con la recaudación extra del impuesto a energéticas y bancos, que este año ingresará 1.900 millones más de lo previsto. Bruselas ya ha dado el visto bueno en la revisión del Plan de Estabilidad: la deuda pública cerrará 2028 en el 101 % del PIB, dos puntos menos que sin la medida.

En los pasillos del Congreso, la oposición calla. El PP no presentará enmienda a la totalidad porque Feijóo prometió en campaña “proteger a los funcionarios como escudo de la clase media”. Sumar aplaude y pide extender el modelo al salario mínimo. Mientras, en la cafetería del Hospital Clínico de Santiago, una enfermera de 46 años cuenta los días para enero: “Por fin podré comprarle zapatillas a mi hijo sin mirar la etiqueta”. La subida no es oro, pero es oxígeno. Y en 2025, con la luz a 135 €/MWh y el litro de gasolina en 1,78 €, oxígeno es lo que más vale.