El juez supremo de Perú, Juan Carlos Checkley , ha dictado este martes 18 de noviembre de 2025 orden de captura internacional y prisión pr...
El juez supremo de Perú, Juan Carlos Checkley, ha dictado este martes 18 de noviembre de 2025 orden de captura internacional y prisión preventiva por cinco meses contra la ex primera ministra Betssy Chávez por los delitos de rebelión y conspiración en el marco del fallido autogolpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022. La resolución, que incluye alerta roja de Interpol y notificación a 195 países, convierte a Chávez —de 36 años y quien fuera la última jefa de gabinete de Castillo— en la pieza más alta del gobierno prófugo que aún permanece en territorio peruano, protegida desde hace 712 días en la residencia de la embajada de México en Lima, donde goza de asilo diplomático concedido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La decisión judicial considera que Chávez tuvo un rol activo en la redacción y difusión del mensaje a la nación con el que Castillo intentó disolver el Congreso y convocar una Asamblea Constituyente, actuando como “coautora” del delito de rebelión agravada (pena mínima de 10 años) y conspiración (hasta 20 años). El magistrado ha desestimado los argumentos de la defensa sobre inmunidad parlamentaria —Chávez fue congresista hasta 2023— y ha acreditado riesgo de fuga al mantenerse refugiada en una legación extranjera.
Chávez, que lleva casi dos años viviendo en una suite de la embajada mexicana en San Isidro junto a su pareja y su hijo de 5 años, ha reaccionado en redes declarando “soy víctima de lawfare político” y ha anunciado que permanecerá en el asilo “hasta que exista justicia real”. México, por su parte, ha reiterado que mantendrá la protección diplomática “mientras persigan las condiciones de persecución política”, lo que genera un nuevo choque diplomático entre Lima y Ciudad de México, ya roto desde 2023.
La orden de captura se suma a las ya existentes contra el propio Pedro Castillo (condenado a 34 años y recluido en Barbadillo), el exministro Aníbal Torres (prófugo en Bolivia) y otros 12 exfuncionarios. Perú ha solicitado formalmente a México la entrega de Chávez bajo el Tratado de Montevideo de 1933, petición que el gobierno mexicano ha adelantado que rechazará.
En las calles de Lima, colectivos de izquierda han convocado una vigilia frente a la embajada con 3.000 personas previstas, mientras organizaciones de derecha celebran la medida con pancartas de “traidores a la patria”. En redes, #CapturaChávez supera los 1,8 millones de interacciones, con tendencia polarizada. Económicamente, no impacta directamente. Socialmente, reabre heridas del 7-D. Políticamente, fortalece al gobierno de Dina Boluarte, con su aprobación subiendo al 18 %. Esta orden no solo busca a una exministra: busca cerrar el capítulo más oscuro de la democracia peruana reciente.
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