La magistrada Cristina Merlo Llanos , titular del Tribunal de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Coslada , ha emitido un auto en el...
La magistrada Cristina Merlo Llanos, titular del Tribunal de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Coslada, ha emitido un auto en el que describe la situación de su juzgado como "en estado cercano a la catástrofe". Esta declaración, hecha pública el 18 de noviembre de 2025, ha derivado en la suspensión inmediata de todos los procedimientos civiles, salvo aquellos relacionados con asuntos de familia, incapacidades y internamientos. La medida, que afecta a cientos de casos pendientes, pone de manifiesto una crisis estructural que va más allá de un solo tribunal y expone las grietas en un sistema judicial español ya tensionado por recortes presupuestarios y una avalancha de demandas postpandemia.
Coslada, un municipio industrial al este de Madrid con más de 90.000 habitantes, depende de este tribunal para resolver disputas cotidianas que van desde reclamaciones por cláusulas abusivas en hipotecas hasta ejecuciones de sentencias en contratos de alquiler. El Tribunal de Primera Instancia e Instrucción 2, ubicado en un edificio modesto en el centro de la localidad, maneja no solo asuntos civiles sino también penales de menor gravedad, en un modelo de juzgados mixtos que la reciente Ley Orgánica 1/2025 busca reformar. Sin embargo, la transformación prevista para octubre de 2025 en secciones especializadas parece haber llegado tarde para este enclave, donde la acumulación de expedientes ha alcanzado proporciones alarmantes.
La magistrada Merlo Llanos, con más de dos décadas de experiencia en la carrera judicial, detalla en su resolución las causas de esta parálisis: una plantilla reducida a la mínima expresión, con solo tres funcionarios para atender un volumen de trabajo que ha crecido un 40% en los últimos dos años. "El juzgado se encuentra en una situación de colapso operativo, con pilas de autos que se acumulan en mesas improvisadas y plazos que se incumplen de forma sistemática", escribe en el auto, al que ha tenido acceso Confilegal. Entre las razones, destaca la falta de refuerzos humanos pese a las promesas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), así como la obsolescencia de los sistemas informáticos, que provocan fallos constantes en la plataforma Minerva, el gestor procesal nacional. A esto se suma el impacto de la inflación y la crisis energética, que han disparado las demandas por impagos y desalojos en una zona con alta población migrante y precariedad laboral.
La suspensión, efectiva de inmediato, no es un capricho sino una medida de protección jurídica. Según el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los tribunales pueden paralizar actuaciones cuando la carga de trabajo impide garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, un principio constitucional recogido en el artículo 24 de la Carta Magna. Excepcionalmente, se mantienen activos los procedimientos de familia —divorcios, custodias y pensiones alimenticias—, incapacidades —declaraciones de vulnerabilidad para mayores o discapacitados— e internamientos —medidas para personas con trastornos mentales graves—. Estos casos, que representan alrededor del 30% del total, se priorizan por su urgencia humanitaria, evitando que familias enteras queden desamparadas en medio del caos.
El impacto en la ciudadanía es inmediato y profundo. Abogados locales como María José López, del Colegio de Abogados de Madrid, denuncian que decenas de clientes ven paralizados sus cobros por accidentes laborales o reclamaciones contra bancos, lo que agrava la desigualdad social en Coslada, un bastión histórico del sindicalismo obrero. "Es una sentencia de muerte para la justicia accesible", afirma López, quien estima que la suspensión podría extenderse meses si no hay intervención urgente. En las redes sociales, el hashtag #JusticiaColapsada ya acumula miles de menciones, con testimonios de vecinos que esperan desde 2023 resoluciones en disputas vecinales por ruidos o comunidades de propietarios.
Esta no es una anomalía aislada. El CGPJ ha reconocido en informes recientes que el 60% de los juzgados de primera instancia en España operan por encima del 150% de su capacidad óptima, un problema exacerbado por la jubilación masiva de jueces —más de 300 en 2025— sin reposición adecuada. En Madrid, la Audiencia Provincial ha visto un repunte del 25% en recursos por demoras injustificadas. Expertos como el profesor de Derecho Procesal de la Universidad Complutense, Javier López Sánchez, atribuyen esta crisis a la crónica infrainversión: "España destina solo el 0,7% del PIB a justicia, frente al 1,2% de la media europea. Sin un plan de choque, estos colapsos se multiplicarán".
La respuesta institucional no se ha hecho esperar. El Ministerio de Justicia ha anunciado una inspección urgente al tribunal y la reasignación temporal de dos letrados de apoyo desde juzgados colindantes en Alcalá de Henares y San Fernando de Henares. El CGPJ, por su parte, convoca para el 25 de noviembre una reunión extraordinaria de su Comisión Permanente para debatir refuerzos presupuestarios en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2026. Mientras tanto, la magistrada Merlo Llanos ha instado a las partes afectadas a acogerse a mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación extrajudicial, promovida por la Ley 5/2012.
Este episodio en Coslada no solo alerta sobre el riesgo de un sistema judicial al límite, sino que clama por una reforma profunda. En un país donde la confianza en la justicia ronda el 40% según encuestas del CIS, medidas como esta suspensión podrían erosionar aún más la fe ciudadana en las instituciones. Si no se actúa con celeridad, lo que hoy es un "estado cercano a la catástrofe" podría convertirse en un derrumbe generalizado, dejando a miles sin acceso a sus derechos. La pelota está ahora en el tejado del Gobierno y del CGPJ: ¿reforzará el sistema o permitirá que la justicia, pilar de la democracia, siga desangrándose en silencio?
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