El gobierno propone a Teresa Peramato Martín como nueva Fiscal General: La tercera de la Unión Progresista de Fiscales en cinco años

  El Consejo de Ministros ha aprobado este martes proponer a Teresa Peramato Martín , de 55 años y actual fiscal de Sala de Violencia sobre ...

 

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes proponer a Teresa Peramato Martín, de 55 años y actual fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer, como nueva fiscal general del Estado en sustitución de Álvaro García Ortiz, que dimitió la semana pasada tras su condena por revelación de secretos. Peramato, que fue presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) entre 2018 y 2022 —la asociación considerada de línea progresista y de la que proceden tanto García Ortiz como su predecesora Dolores Delgado—, se convertirá, si el Congreso da su visto bueno con mayoría de 3/5, en la tercera fiscal general consecutiva surgida de la misma corriente en apenas cinco años, un récord que ha avivado las críticas de la oposición y de asociaciones conservadoras de fiscales por la “politización absoluta” del Ministerio Público.

Peramato, nacida en Madrid y fiscal desde 1996, ha destacado en los últimos años por su activismo en la lucha contra la violencia machista: impulsó la creación de las unidades especializadas en 2004, coordinó la red de fiscales de violencia de género y ha sido ponente en más de 200 sentencias de referencia, incluyendo la condena a La Manada en su fase inicial. Sin embargo, su perfil también ha generado polémica: en 2021 defendió públicamente la ley del solo sí es sí antes de su aprobación y, tras la excarcelación de más de 150 agresores sexuales, afirmó que “el problema no era la ley, sino la interpretación patriarcal de algunos jueces”. En 2023 votó en contra de la rebaja de penas a abusadores en el pleno del Consejo Fiscal, alineándose con la postura del Gobierno.

La propuesta llega en el peor momento para el Ejecutivo: la dimisión forzada de García Ortiz por sentencia firme ha dejado al Ministerio Público en interinidad y ha reabierto el debate sobre la designación directa por el Gobierno, sin consenso parlamentario. El PP y Vox han anunciado que votarán en contra y han registrado una iniciativa para que el fiscal general sea elegido por mayoría cualificada de 3/5 en el Congreso, como ocurre con el CGPJ. La Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales —mayoritaria y de línea conservadora— han calificado la candidatura de “continuismo ideológico” y han pedido “un perfil técnico y no militante”.

Peramato necesitará 210 votos en el pleno del Congreso, lo que obliga al PSOE a negociar con Junts y PNV. Fuentes del Ministerio de Justicia destacan que su nombramiento “refuerza la lucha contra la violencia de género” y “garantiza la independencia progresista”. En redes #FiscalaProgresista supera los 1,5 millones de interacciones, con un 60 % criticando el “dedazo” y un 35 % celebrando su trayectoria feminista.

Económicamente, el cambio no tiene impacto directo. Socialmente, polariza aún más el debate sobre género y justicia. Políticamente, coloca al Gobierno ante su enésima batalla institucional, con aprobación cayendo al 31 %. Peramato no solo sustituirá a García Ortiz: perpetuará la línea de una Fiscalía que la oposición considera “al servicio del poder”.