El TSJM obliga a una familia a pagar 5.000 € o readmitir a su empleada del hogar: Fue despedida por pedir la baja y trabajar en otra casa el mismo día

  El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado este viernes 28 de noviembre de 2025 una sentencia que obliga a una familia madr...

 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado este viernes 28 de noviembre de 2025 una sentencia que obliga a una familia madrileña a indemnizar con 5.000 euros o readmitir a su empleada del hogar interna, de nacionalidad paraguaya y 48 años, tras declarar improcedente el despido que sufrió en marzo de 2024. Los hechos, que han generado una oleada de indignación entre empleadores del hogar, son los siguientes: la trabajadora solicitó la baja médica por “dolores musculares generalizados” el lunes 11 de marzo; ese mismo día fue vista por vecinos trabajando en otra vivienda del mismo barrio; y el miércoles 13, tras recibir fotos y vídeos de la empleada limpiando escaleras y cargando bolsas de basura en su nuevo empleo, la familia le comunicó el despido disciplinario por transgresión de la buena fe contractual.

El Juzgado de lo Social nº 32 de Madrid ya declaró el despido improcedente en primera instancia, pero la familia recurrió alegando fraude de ley y existencia de prueba gráfica irrefutable. El TSJM, en sentencia firme de 18 páginas, ha ratificado la improcedencia argumentando que “la trabajadora no estaba obligada a guardar reposo absoluto” porque el parte médico no lo especificaba, y que “el hecho de realizar tareas domésticas leves en otro domicilio no demuestra simulación de la enfermedad”. Además, el tribunal considera que la familia no aportó informe médico pericial que desmintiera la patología, por lo que “no puede presumirse mala fe”.

Como consecuencia, los empleadores —un matrimonio de empresarios con dos hijos menores— deberán elegir entre:

- Readmitir a la trabajadora en las mismas condiciones (habitación propia, 1.400 € netos mensuales, dos días libres) y abonarle 38.000 euros en salarios de tramitación desde marzo de 2024.

- O indemnizarla con 5.000 euros (20 días por año trabajado durante 9 años) más los salarios de tramitación hasta la fecha de la sentencia.

La familia ha anunciado que acudirá al Tribunal Constitucional por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y ha creado una plataforma de afectados que ya cuenta con 12.000 familias en situación similar. En redes #JusticiaEmpleadasHogar supera los 900.000 mensajes, con un 80 % considerando la sentencia “un disparate” y un 15 % celebrando “protección a las trabajadoras vulnerables”.

El sector del empleo del hogar, con 380.000 trabajadoras dadas de alta y cerca de 200.000 en negro, teme un aluvión de bajas fraudulentas tras la sentencia. Asociaciones de empleadores calculan que el 12 % de las bajas en el régimen especial del hogar son “sospechosas”. La Seguridad Social ha anunciado que reforzará los controles médicos a partir de enero de 2026.

Económicamente, la sentencia puede costar a las familias 25.000 millones si se generaliza. Socialmente, enfrenta a empleadores y empleadas en un sector sin convenio claro. Políticamente, reaviva el debate sobre la reforma del régimen especial del hogar. Esta sentencia no solo obliga a pagar: obliga a replantear quién protege a quién en los hogares españoles.