Escándalo en el PSOE: Cerdán y su familia, implicados en 735.000 euros de mordidas de la trama Koldo

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha destapado un entramado de corrupción que apunta directamente a Santos...

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha destapado un entramado de corrupción que apunta directamente a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, y su entorno familiar como beneficiarios de al menos 735.841 euros en pagos irregulares durante la última década. Estos fondos, procedentes de la empresa Servinabar y las cooperativas Erkolan y Noran —esta última fundada por Koldo García—, se canalizaron a través de contratos laborales ficticios, pagos de alquileres, regalos lujosos y el uso indiscriminado de tarjetas de crédito corporativas. La investigación, ahora en manos del Tribunal Supremo tras el levantamiento del secreto de sumario, vincula estos flujos a una red de comisiones ilegales del 2% sobre adjudicaciones de obras públicas, con Acciona como principal pagadora.

Servinabar, sociedad navarra dedicada a servicios de hostelería y propiedad parcial de Cerdán (alrededor del 45% hasta su venta en 2023), actuaba como vehículo principal. Según la UCO, recibió hasta seis millones de euros de Acciona entre 2015 y 2024 a cambio de su influencia en contratos amañados en proyectos como los de Logroño, Sevilla y Sant Feliu de Llobregat. De allí, los fondos se desviaron a Noran Coop —constituida en 2015 por Antxón Alonso, socio de Servinabar, y Koldo García— con transferencias que superan los 732.000 euros entre 2016 y 2024. Erkolan, otra cooperativa de trabajo social creada en 2008, captó 367.290 euros de Servinabar entre 2020 y 2025, sirviendo de paraviento para nóminas irregulares.

El beneficiario directo fue la familia de Cerdán. Su esposa, Francisca Muñoz Cano, conocida como Paqui, fue contratada como "socio trabajadora" en Noran entre marzo y julio de 2018, percibiendo 9.500 euros (1.900 euros mensuales), pese a cobrar una pensión de invalidez permanente y sin rastro de su aportación inicial al capital social (25%). La UCO cuestiona la legitimidad de este empleo, financiado mayoritariamente por Servinabar. Similarmente, la hermana de Cerdán, Belén, recibió 22.324,51 euros de Servinabar entre febrero y junio de 2020 como supuesta administrativa, para luego pasar a Erkolan hasta mayo de 2025, con nóminas continuas que devoraron buena parte de los fondos transferidos. Incluso el cuñado de Cerdán estuvo empleado en Servinabar de 2019 a 2022, cobrando 53.130 euros cerca del salario mínimo, facilitado por un directivo imputado de Acciona.

Pero los abusos van más allá de las nóminas. La familia disfrutó del alquiler íntegro de su ático en Madrid desde 2017, mobiliario de lujo enviado sin pagar —como una mesa de El Corte Inglés por 5.520 euros en 2018— y una tarjeta de crédito de Servinabar con cargos por 33.574 euros en compras, restaurantes y viajes. El último movimiento se registró el 19 de febrero de 2024, víspera de la detención de Koldo, quien la UCO considera testaferro de Cerdán en Noran. Chats filtrados muestran la irritación de Alonso: "La Paqui, que le conocen todas las vendedoras del Corte Inglés", por salidas semanales a locales de postín como el restaurante Sazadón, con 49 facturas por 7.470 euros.

Esta "trama navarra" se remonta a antes de la llegada del PSOE a Moncloa, coincidiendo con la creación de Noran en junio de 2015, mes clave para adjudicaciones mineras como Geoalcali. La UCO detalla una "operativa común": Acciona y Servinabar firmaban contratos de "prestación de servicios" por el 2% neto de las adjudicaciones, gestionados por Cerdán como enlace político. En total, la red habría embolsado casi siete millones en mordidas, con Cerdán en el centro, pidiendo favores como nombramientos en Indra o el Ministerio de Medio Ambiente, negados por Pedro Sánchez.

El escándalo ha forzado la suspensión de dos directivos de Acciona y registros en sus sedes de Madrid y Bilbao, así como en Noran y Erkolan en Donostia. El PSOE, salpicado por su exnúmero tres, minimiza los hechos como "asuntos privados", pero la oposición exige dimisiones y una auditoría total. Fuentes jurídicas apuntan a que el juez Leopoldo Puente podría decretar fianzas pronto, con Cerdán encarcelado desde hace semanas. Este caso no solo erosiona la credibilidad del Gobierno, sino que expone cómo el poder se monetizó en pisos madrileños y cenas en Moncloa, dejando un reguero de facturas que los contribuyentes pagan con su fe en la democracia.