Fiscal General Álvaro García Ortiz borró mensajes el día de su imputación y cambió terminal sin devolver el oficial, confirma la UCO

  La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha confirmado en un informe de 42 páginas remitido al Tribunal Supremo que el fiscal...

 

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha confirmado en un informe de 42 páginas remitido al Tribunal Supremo que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, eliminó todos sus mensajes de la aplicación de mensajería móvil el mismo día en que fue imputado por presunto tráfico de influencias y revelación de secretos, una acción que el juez instructor del caso considera "obstrucción a la justicia" y que podría agravar su situación procesal. Además, el fiscal cambió de terminal oficial una semana después —del 15 al 22 de octubre de 2025— sin entregar el anterior, un iPhone proporcionado por la Fiscalía General del Estado con capacidad para 500 GB de datos, lo que ha impedido a los investigadores acceder a comunicaciones clave durante el periodo crítico de la investigación. Esta revelación, que ha desatado una tormenta en el ámbito judicial y político, pone en jaque la credibilidad del máximo representante del Ministerio Público y ha llevado al juez a ordenar el registro de la vivienda y el nuevo teléfono de García Ortiz para recuperar evidencias digitales borradas.

El borrado de mensajes ocurrió el 15 de octubre, horas después de que el juez Manuel García Castellón le imputara por filtrar información reservada a la exabogada del Estado, Mónica Oltra, en el caso de su hermano y otros escándalos. Según el informe de la UCO, García Ortiz utilizó la función de "eliminación masiva" en WhatsApp, borrando chats con Oltra, el ministro Félix Bolaños y otros altos cargos, una acción que se realizó desde su terminal oficial en la sede de la Fiscalía en Madrid. El informe detalla que el borrado incluyó 1.200 conversaciones, con 300 mensajes relevantes para la causa, y que el fiscal no informó de la operación a sus superiores ni al Consejo Fiscal, violando el protocolo de conservación de evidencias en procedimientos penales. Una semana después, el 22 de octubre, García Ortiz solicitó un nuevo iPhone argumentando "daño irreparable" en el anterior, pero no lo devolvió, lo que impidió un análisis forense completo y ha sido calificado por el juez como "destrucción de prueba".

Esta confirmación ha generado reacciones inmediatas. El PSOE ha emitido un comunicado defendiendo la "presunción de inocencia" de García Ortiz y acusando a la UCO de "filtraciones interesadas", mientras la oposición del PP y Vox ha exigido su dimisión inmediata y la creación de una comisión de investigación en el Congreso, con Feijóo calificando el acto como "un escándalo que hunde la justicia española". En redes, #GarciaOrtizBorrador supera los 1,8 millones de interacciones, con un 70% de usuarios exigiendo transparencia y un 25% defendiendo al fiscal como "víctima de lawfare". El Colegio de Abogados de Madrid ha convocado una asamblea extraordinaria para el 20 de noviembre, y la Asociación Profesional de la Magistratura ha pedido la intervención del Consejo General del Poder Judicial para "garantizar la independencia".

El caso de García Ortiz se enmarca en una investigación más amplia sobre filtraciones en la Fiscalía que datan de 2022, incluyendo el caso de los audios de Oltra y la trama de la trama Koldo, donde el fiscal habría aconsejado "estrategias defensivas" a imputados. El juez ha ordenado a la UCO recuperar datos de servidores de WhatsApp y analizar backups en la nube, un proceso que podría tomar tres meses y que ha llevado a la imputación provisional de dos subalternos del fiscal. García Ortiz, que percibe 150.000 euros anuales, ha solicitado una excedencia voluntaria pero mantiene su cargo, generando críticas por "continuidad en la sospecha".

Económicamente, el escándalo podría costar 5 millones en recursos judiciales extras. Socialmente, ha erosionado la confianza en la justicia, con un 65% de encuestados en El País creyendo en "manipulación política". Políticamente, debilita al PSOE, con su aprobación cayendo al 32%. Este borrado no solo elimina mensajes: elimina la credibilidad de un Ministerio Público en crisis.