Juez peinado imputa a alto cargo de presidencia y rechaza archivar el Caso Begoña Gómez: Indicios de malversación con recursos de Moncloa

El juez Juan Carlos Peinado , instructor del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid , ha rechazado archivar el conocido como ' caso ...

El juez Juan Carlos Peinado, instructor del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha rechazado archivar el conocido como 'caso Begoña Gómez' y ha imputado a Judit Alexandra González, secretaria general de la Presidencia del Gobierno y mano derecha de Pedro Sánchez en La Moncloa, por presunto delito de malversación de caudales públicos. En un auto de 28 páginas, el magistrado ha ordenado citar a González como investigada para el próximo 15 de diciembre, al considerar que existen indicios suficientes de que se desviaron recursos públicos de la Presidencia —incluyendo personal, agendas oficiales y fondos de representación— para fines privados de Begoña Gómez, esposa del presidente, en actividades relacionadas con su cátedra en la Universidad Complutense y eventos empresariales. Esta decisión, que amplía la causa abierta en abril de 2024 por tráfico de influencias y usurpación de funciones, ha sido celebrada por la oposición como "un paso hacia la verdad" y criticada por el Gobierno como "una persecución judicial sin fundamento".

El juez Peinado, que ya imputó a Gómez en julio por cinco delitos, ha detallado en su resolución que González, de 42 años y con un salario de 120.000 euros anuales, habría facilitado el uso de asesores de Moncloa para gestionar la agenda privada de la primera dama, incluyendo la organización de viajes a Nueva York y Dubái valorados en 50.000 euros que no figuran en los registros oficiales. El auto ordena a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analizar las agendas electrónicas y correos de Gómez y su asesora principal, así como requisar sus pasaportes para investigar si los desplazamientos —como el vuelo a Qatar en 2023 para un foro de inversión— fueron cargados al erario público bajo el pretexto de "actividades institucionales". Peinado ha rechazado los recursos de archivo presentados por la defensa de Gómez, argumentando que "los indicios son sólidos y la investigación debe continuar para esclarecer el uso de recursos públicos".

La imputación de González, una jurista de confianza de Sánchez desde 2020 y exdirectiva de una consultora madrileña, ha elevado la crisis a La Moncloa, donde se ha activado un gabinete de crisis. Fuentes internas indican que la secretaria general coordinaba directamente con Gómez la "agenda paralela" de eventos, incluyendo reuniones con empresarios que luego adjudicaron contratos a entidades vinculadas a la cátedra, un flujo que la UCO estima en 1,2 millones de euros. El juez ha solicitado además los registros de entrada y salida de Moncloa entre 2021 y 2024, y ha ordenado peritajes informáticos para recuperar correos borrados, un proceso que podría revelar comunicaciones sensibles entre Gómez y altos cargos.

El PSOE ha reaccionado con furia, con el ministro Félix Bolaños calificando la decisión de "ataque a la democracia" y anunciando un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid, mientras Sánchez, en una comparecencia improvisada, ha defendido a su esposa como "víctima de una caza de brujas". La oposición, liderada por el PP y Vox, ha exigido la dimisión de González y una comisión de investigación en el Congreso, con Alberto Núñez Feijóo afirmando que "el caso Gómez es el Watergate español". En redes, #CasoGomez ha superado los 2 millones de interacciones, con un 65% de usuarios exigiendo transparencia.

Socialmente, el caso ha polarizado, con un 55% de encuestados en El País viendo "indicios claros de corrupción". Económicamente, podría derivar en devoluciones de 1,2 millones si se confirman irregularidades. Políticamente, debilita al PSOE, con su aprobación cayendo al 34%. Esta imputación no solo amplía el caso: cuestiona la integridad de Moncloa en un España en vilo.