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La OCDE ha lanzado un aviso sin precedentes: España no podrá cumplir los nuevos objetivos de reducción de deuda impuestos por Bruselas (deuda pública por debajo del 100 % del PIB en 2035) si mantiene el actual modelo de pensiones y gasto público, y exige medidas drásticas antes de 2031: reducción del coste efectivo de las pensiones, aumento de impuestos (especialmente sobre renta y sociedades) y recortes estructurales en sanidad y dependencia por valor de 35.000 millones anuales. El informe, presentado junto a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), calcula que el gasto en pensiones pasará del 12,8 % del PIB actual al 15,3 % en 2040 solo por envejecimiento, y que el déficit estructural español se situará en el 4,8 % en 2028 si no se actúa, lo que dispararía la deuda pública al 135 % del PIB en 2035, incumpliendo el Pacto de Estabilidad y dejando a España expuesta a sanciones de hasta 9.000 millones anuales.
El organismo internacional reclama explícitamente “reducir la generosidad del sistema de pensiones” mediante tres vías: retrasar aún más la edad efectiva de jubilación (actualmente 65,8 años), limitar la revalorización con el IPC solo a las pensiones mínimas y contributivas bajas, y aumentar la penalización por jubilación anticipada hasta el 10 % anual. Al mismo tiempo, pide subir la presión fiscal en 4 puntos del PIB (unos 60.000 millones) antes de 2031, con especial énfasis en el IRPF de rentas medias-altas, el Impuesto de Sociedades (subiendo el tipo efectivo del 12 % al 18 %) y nuevos gravámenes verdes y digitales.
La Airef, en su informe paralelo, calcula que sin estas medidas el déficit estructural será del 5,1 % en 2030 y que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (la “hucha de las pensiones”) quedará vacío en 2028, tres años antes de lo previsto. El presidente de la Airef, Cristina Herrero, ha sido tajante: “No hay margen. O se actúa antes de 2031 o el ajuste será brutal y llegará por la vía de los mercados”.
El Gobierno ha recibido el informe con frialdad. El Ministerio de Economía ha respondido que “la sostenibilidad está garantizada” gracias al Mecanismo de Equidad Intergeneracional y el aumento de cotizaciones, pero la OCDE lo desmiente: “El MEI solo cubre un 18 % del agujero demográfico”. En Moncloa temen que el informe sea usado por la oposición para exigir elecciones anticipadas.
En redes #OCDEcontraPensiones supera los 1,8 millones de interacciones, con un 70 % de indignación entre jubilados y trabajadores. Los sindicatos han convocado manifestaciones para el 14 de diciembre en Madrid, Barcelona y Sevilla bajo el lema “Manos fuera de nuestras pensiones”. Económicamente, la factura de la inacción sería de 120.000 millones en intereses extra hasta 2040. Socialmente, pone en riesgo a 10 millones de pensionistas. Políticamente, coloca a Sánchez ante su reforma más impopular. El reloj de la sostenibilidad ya marca 2031 y cuenta atrás.
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