Sánchez lleva 88 días de vacaciones en residencias oficiales sin declarar gastos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha acumulado 88 días de vacaciones en residencias oficiales como el Palacio de La Mareta en Lan...

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acumulado 88 días de vacaciones en residencias oficiales como el Palacio de La Mareta en Lanzarote, el Palacio de las Marismillas en Doñana y el Palacio de la Magdalena en Santander durante los últimos dos años, sin revelar un solo euro de los costes asociados a su estancia, seguridad y desplazamientos, pese a la obligación legal de transparencia que impone la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. La opacidad, que incluye 45 días en 2023 y 43 en 2024, ha sido denunciada tras ignorar reiteradamente requerimientos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y órdenes judiciales, lo que ha llevado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a abrir causa por desacato contra el jefe del Ejecutivo, una situación sin precedentes que podría derivar en multa de hasta 1.200 euros diarios y la inhabilitación temporal si se confirma la contumacia.

La controversia estalló en enero de 2024, cuando el CTBG exigió al Ministerio de la Presidencia detallar los gastos de las estancias vacacionales de Sánchez, incluyendo catering, personal de servicio, combustible de Falcon y escoltas de la Guardia Civil. La respuesta fue un silencio administrativo que se prolongó durante 18 meses, pese a tres requerimientos formales y una sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Madrid que ordenaba la publicación en 30 días. El presidente, que pasó 28 días en La Mareta en agosto de 2023 con familia y amigos, generó un coste estimado de 450.000 euros en seguridad y logística, según cálculos independientes, pero Moncloa clasificó la información como "reservada por seguridad nacional". En Doñana, donde veraneó 15 días en julio de 2024, el dispositivo incluyó 120 agentes y helicópteros Super Puma, con un gasto diario de 25.000 euros que nunca se hizo público.

El TSJM, tras admitir a trámite la querella por desacato presentada por una asociación de transparencia, ha citado a Sánchez a declarar el 10 de diciembre de 2025 como investigado, en una causa que podría extenderse a la vicepresidenta María Jesús Montero y al secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès. El tribunal considera que la negativa sistemática a informar "atenta contra el derecho fundamental a la información pública" y ha ordenado el embargo cautelar de 50.000 euros en cuentas de Moncloa para garantizar el pago de posibles sanciones. La oposición ha exigido la comparecencia inmediata de Sánchez en el Congreso, con el PP registrando una moción de censura simbólica y Vox pidiendo su dimisión por "ocultación deliberada".

En redes, #VacacionesOpacas supera los 2,2 millones de interacciones, con un 75 % exigiendo transparencia. La familia real, que publica sus gastos vacacionales anualmente, ha sido señalada como ejemplo de "buenas prácticas". El Gobierno ha emitido un comunicado defendiendo que "las estancias presidenciales son actos oficiales", pero evita detallar cifras. Económicamente, la opacidad podría costar 1 millón en sanciones. Socialmente, ha erosionado la confianza, con un 60 % creyendo en "privilegios". Políticamente, debilita al PSOE, con su aprobación al 30 %. Estas vacaciones no solo descansan al presidente: descansan la transparencia en una España que exige cuentas.