El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha presentado este lunes 11 de noviembre de 2025 el plan def...
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha presentado este lunes 11 de noviembre de 2025 el plan definitivo para la "desfascistización" del Valle de los Caídos, un proyecto que incluye la eliminación de elementos icónicos de la basílica como La Piedad de Juan de Ávalos, las esculturas de las Virtudes Cardinales y los cuatro Evangelistas que custodian la Cruz monumental, una decisión que ha sido avalada por la Conferencia Episcopal Española y que ha desatado una tormenta de críticas por considerarla una "profanación deliberada" de un monumento sacro y patrimonio de la humanidad. El plan, detallado en un informe de 85 páginas remitido al Consejo de Ministros y al Vaticano, propone desmantelar estas obras de arte sacro para "eliminar simbología franquista" y transformar el sitio en un "espacio de reconciliación democrática", con un presupuesto de 25 millones de euros financiado por el fondo de memoria histórica y que podría ejecutarse antes de 2027.
La Piedad, la escultura de 6 metros de mármol blanco que representa a la Virgen María sosteniendo a Cristo muerto, sería la primera en caer: Torres la califica de "propaganda del régimen" por su ubicación en la fachada principal, y propone su traslado a un museo laico en Madrid, donde "pueda ser contextualizada". Las Virtudes Cardinales —esculturas de Prudencia, Justicia, Fortaleza y Templanza, talladas en granito por los hermanos Ortega— seguirían el mismo destino, argumentando que "simbolizan valores manipulados por el franquismo". Los cuatro Evangelistas, figuras de bronce de 4 metros que flanquean la Cruz de 150 metros, serían desmontados y reubicados en un "jardín de la memoria" fuera del valle, con el ministro justificando que "su presencia glorifica la dictadura". La Cruz, declarada bien de interés cultural en 2020, se mantendría pero "despojada de iconografía", con una reinterpretación como "símbolo de paz universal".
La Conferencia Episcopal, liderada por el cardenal Omella, ha avalado el plan en una nota pastoral del 8 de noviembre, afirmando que "la Iglesia apoya la verdad histórica y la reconciliación", aunque evita pronunciarse sobre la remoción de obras sagradas, un silencio que ha sido criticado por obispos conservadores como el de Córdoba, Demetrio Fernández, quien ha llamado a la "resistencia pacífica". El proyecto, que incluye exhumaciones de 33.000 represaliados y la conversión de la basílica en centro de interpretación, ha sido financiado con 25 millones del presupuesto de memoria, pero enfrenta recursos de la Abadía Benedictina y la Fundación Franco, que han presentado 50.000 firmas para un referéndum vinculante.
En redes, #ValleProfanado supera los 2,5 millones de interacciones, con un 70% rechazando la demolición según encuestas de ABC. Económicamente, el plan cuesta 25 millones, pero podría ahorrar 10 millones en mantenimiento. Socialmente, ha polarizado, con un 55% apoyando la "verdad histórica" y un 40% viéndolo como "borrado del pasado". Políticamente, fortalece a Sánchez, pero arriesga veto del Vaticano. Este plan no solo remueve esculturas: remueve la memoria de un España dividida.





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