El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil , de 227 páginas y remitido al Tribunal Supremo , ha sacudido el ...
El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, de 227 páginas y remitido al Tribunal Supremo, ha sacudido el panorama político español al desvelar supuestas negociaciones opacas entre el PSOE y el PNV tras la moción de censura que en junio de 2018 derrocó a Mariano Rajoy y encumbró a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Según los agentes, el partido nacionalista vasco habría exigido a Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE y figura clave en las negociaciones, el nombramiento de tres altos cargos públicos a cambio de su respaldo crucial a la investidura. Estos "enchufes" incluían un puesto importante en Adif, otro en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI, erróneamente referida como INI en algunos documentos) y la permanencia de un directivo en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (entonces Medio Ambiente).
El documento estrella es un archivo Word titulado "PETICIONES NOMBRAMIENTOS PNV", enviado por Cerdán el 7 de junio de 2018 a José Guillermo Berlanga, asesor del PSOE en el Congreso, con instrucciones para imprimirlo y entregárselo a Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos y presunto cabecilla de la trama de corrupción. García, a su vez, lo trasladó a Ábalos, recién nombrado ministro de Fomento, y a un exdirectivo de Acciona, en un contexto de adjudicaciones irregulares. La UCO interpreta estas "peticiones" como contraprestación directa por los seis votos del PNV en la moción, que sumados a los del PSOE y aliados, aseguraron el éxito de la operación. Entre los nombres concretos figura Javier Cachón, propuesto para un cargo en Medio Ambiente, quien en 2019 autorizó un proyecto conjunto de Acciona y Servinabar —empresa vinculada a Cerdán— por valor de millones, sugiriendo un nexo entre favores políticos y comisiones ilegales.
La trama se enreda con la red de corrupción que ya salpica a Cerdán, Ábalos y García. La UCO detalla cómo Servinabar, propiedad parcial de Cerdán hasta 2023, y cooperativas como Noran y Erkolan canalizaron al menos 735.000 euros en mordidas del 2% sobre contratos amañados de Acciona en obras públicas de Logroño, Sevilla y Sant Feliu de Llobregat. Estos fondos financiaron nóminas ficticias para la familia de Cerdán —su esposa Paqui cobró 9.500 euros en Noran pese a su pensión de invalidez—, alquileres de áticos madrileños, tarjetas de crédito con 33.574 euros en lujos y hasta gastos en Ibiza. Chats filtrados muestran la irritación de Antxón Alonso, dueño de Servinabar: "A Paqui le conocen todas las vendedoras del Corte Inglés", por derroches en restaurantes como Sazadón.
El PNV ha reaccionado con vehemencia, negando "cualquier vinculación con la trama" y asegurando desconocer "esas supuestas peticiones". Fuentes del partido soberanista, dirigido por Andoni Ortuzar, insisten en que su apoyo a la moción fue "estratégico y no condicionado a nombramientos", tachando las acusaciones de "ridículas" y desvinculando a figuras como Alonso, no afiliado al PNV. Sin embargo, la UCO vincula estos hechos a una "operativa común" de enchufes que Cerdán gestionaba como enlace, incluyendo intentos fallidos de colocar a personas de Acciona en Transportes incluso tras la salida de Ábalos en 2021, bajo el mandato de Óscar Puente.
La oposición ha explotado el informe en el Congreso. Alberto Núñez Feijóo (PP) ha exigido la dimisión de Sánchez, clamando que la "regeneración democrática" prometida era "una institucionalización de la corrupción", mientras que el Gobierno replica desviando la atención a escándalos del PP en Almería. El juez Leopoldo Puente ha citado a tres exdirectivos de Acciona y ha suspendido a dos más, con registros en sedes de Madrid y Bilbao. Cerdán, en prisión provisional desde hace semanas, enfrenta cargos por organización criminal, cohecho y malversación, con la UCO describiéndolo como "tan corrupto que a su lado Ábalos parecería Don Limpio".
Este destape no solo erosiona la coalición PSOE-PNV, base de la estabilidad gubernamental, sino que reescribe la historia de la moción de 2018 como un pacto de favores que entretejió política, empresas y enchufes. Mientras el Supremo acelera la instrucción hacia un posible juicio en 2026, la sociedad civil clama por transparencia: ¿fue el fin de Rajoy el principio de una nueva era de pactos oscuros? El eco de estos documentos resuena como un recordatorio de que el poder, en España, a menudo se negocia en las sombras de carpetas Word y chats privados.





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