El Gobierno ucraniano ha suspendido de inmediato al ministro de Justicia, German Galushchenko , de 49 años, en medio de una investigación ...
El Gobierno ucraniano ha suspendido de inmediato al ministro de Justicia, German Galushchenko, de 49 años, en medio de una investigación explosiva por presuntos sobornos y lavado de dinero que involucran 100 millones de dólares, una cifra que ha sacudido al Ejecutivo de Volodímir Zelenski en un momento crítico de la guerra contra Rusia. La decisión, anunciada este lunes 11 de noviembre de 2025 por el primer ministro Denys Shmyhal en una rueda de prensa en Kiev, responde a una auditoría interna del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) que destapó un esquema de corrupción en la adjudicación de contratos para la reconstrucción de infraestructuras judiciales dañadas por bombardeos rusos. Galushchenko, que asumió el cargo en junio de 2022, ha sido relevado temporalmente de sus funciones y enfrenta cargos por malversación de fondos públicos, abuso de poder y participación en organización criminal, con una posible pena de hasta 12 años de prisión si se confirman los hechos.
La investigación, iniciada en septiembre de 2025 tras una denuncia anónima de un funcionario del Ministerio, ha revelado que Galushchenko habría desviado 100 millones de dólares de un fondo de 500 millones destinado a la reparación de 150 tribunales y prisiones afectadas por ataques aéreos rusos. Los fondos, provenientes de ayuda internacional de la UE y EE.UU., se habrían adjudicado a tres empresas constructoras controladas por familiares y socios del ministro, inflando facturas en un 40 % y desviando el 20 % a cuentas offshore en Chipre y Panamá. El SBU ha incautado 15 millones en efectivo, 12 propiedades en Kiev y Lviv, y 50 vehículos de lujo, incluyendo un Mercedes G-Class valorado en 200.000 dólares que Galushchenko usaba para visitas oficiales. Un testigo clave, un subdirector del Ministerio, ha declarado que el ministro presionaba para "acelerar pagos" a cambio de "comisiones del 10 %", un esquema que operaba desde 2023 y que ha dejado 30 edificios sin reparar, exponiendo a jueces y presos a condiciones precarias.
Zelenski, que ha hecho de la lucha contra la corrupción una prioridad para atraer ayuda occidental —que suma 150.000 millones desde 2022—, ha calificado el caso como "un cáncer que debe extirparse" y ha prometido "justicia implacable", ordenando una auditoría general a todos los ministerios. Shmyhal ha asumido interinamente las funciones de Justicia, mientras Galushchenko, bajo arresto domiciliario con brazalete electrónico, ha negado los cargos alegando "persecución política" en un vídeo grabado desde su residencia en Kiev. El SBU ha detenido a cinco altos cargos del Ministerio y a tres empresarios implicados, con redadas en 20 domicilios que han recuperado 8 millones en criptomonedas.
El escándalo ha llegado en un momento delicado: la UE ha congelado 1.000 millones en ayuda por "preocupaciones anticorrupción" en septiembre, y EE.UU. ha condicionado 500 millones a "reformas judiciales". En Kiev, 2.000 manifestantes han protestado frente al Ministerio exigiendo "limpieza total", con pancartas de "No más ladrones en el Gobierno". En redes, #GalushchenkoGate supera los 1,5 millones de interacciones, con un 70 % de usuarios apoyando la suspensión.
Económicamente, el fraude podría costar 200 millones en auditorías y devoluciones. Socialmente, ha erosionado la confianza en el Gobierno, con un 55 % de ucranianos creyendo en "corrupción sistémica" según sondeos locales. Políticamente, debilita a Zelenski, con su aprobación cayendo al 42 %. Esta suspensión no solo castiga a un ministro: expone grietas en un Ucrania en guerra que necesita transparencia para sobrevivir.





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