La Comisión Europea ha dado un giro histórico en su política de movilidad sostenible al anunciar que revisará y flexibilizará la prohibic...
La Comisión Europea ha dado un giro histórico en su política de movilidad sostenible al anunciar que revisará y flexibilizará la prohibición absoluta de la venta de coches nuevos con motores de combustión interna a partir de 2035, una medida aprobada en 2023 que ahora se abre a excepciones significativas gracias a la presión incesante de Alemania y otros seis Estados miembros. El comisario de Transporte, Apostolos Tzitzikostas, ha confirmado en una entrevista con el diario alemán Handelsblatt que Bruselas está “abierta a todas las tecnologías”, incluyendo motores de combustión “altamente eficientes” alimentados con combustibles sintéticos o biocombustibles, lo que permite que vehículos de gasolina, diésel e híbridos no enchufables sigan matriculándose después de esa fecha, siempre que cumplan estándares de emisiones neutras en carbono. Esta marcha atrás, impulsada por el canciller alemán Friedrich Merz en una carta enviada a Ursula von der Leyen el pasado viernes, busca proteger la competitividad de la industria automovilística europea, que genera el 8 % del valor añadido manufacturero del bloque y emplea directamente a 13,8 millones de personas.
El cambio no implica la eliminación total de la normativa, sino una revisión acelerada prevista para el 10 de diciembre —solo dos días después de la petición alemana—, que mantendrá el objetivo de descarbonización para 2050 pero permitirá una transición más gradual. Alemania, principal objetora, ha argumentado que la prohibición rígida de 2035 era “un error estratégico” ante el lento avance del coche eléctrico, la competencia china (que controla el 60 % del mercado global de baterías) y las tensiones geopolíticas que encarecen las materias primas como el litio y el cobalto. El CEO de BMW, Oliver Zipse, ha celebrado la noticia como “el mejor regalo de Navidad”, recordando que su grupo ha invertido 20.000 millones de euros en electrificación pero necesita “un puente viable” con combustibles alternativos para no perder empleos en plantas como las de Múnich y Dingolfing.
Otros seis países se han sumado al lobby alemán: Bulgaria, República Checa, Hungría, Italia, Polonia y Eslovaquia han firmado una declaración conjunta exigiendo “realismo tecnológico” y la inclusión de e-fuels (combustibles sintéticos producidos con energías renovables) como alternativa viable. Italia, con Stellantis en primera línea, ha presionado para que los híbridos enchufables se mantengan en el mercado hasta 2040, mientras Polonia y Hungría argumentan que la electrificación total amenaza con desindustrializar regiones dependientes de la cadena de suministro automovilístico. El comisario Tzitzikostas ha enfatizado que “la revisión no es un retroceso, sino una adaptación a la realidad geopolítica”, citando la guerra en Ucrania y la dependencia europea del 80 % de baterías importadas de China.
La industria automovilística ha recibido la noticia con alivio: Volkswagen, que ha visto su valor bursátil caer un 22 % en 2025 por ventas eléctricas estancadas, ha visto sus acciones repuntar un 4,8 % en preapertura. Renault y Stellantis, con plantas en Francia e Italia, han anunciado que acelerarán la producción de motores de combustión eficientes con biocombustibles, mientras la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) estima que la flexibilización salvará 1,2 millones de empleos directos hasta 2040. Sin embargo, ecologistas y la patronal de renovables han criticado el cambio como “un regalo envenenado” que retrasa la transición verde y perpetúa la dependencia de fósiles, con Greenpeace advirtiendo que “Europa pierde credibilidad climática ante COP30”.
En España, donde el sector automovilístico genera 700.000 empleos y exporta 30.000 millones anuales, la noticia ha sido mixta: SEAT y Ford en Valencia celebran la prórroga, pero el Gobierno de Sánchez ha reiterado su compromiso con el 100 % eléctrico para 2035, aunque fuentes de Industria admiten que “la presión alemana obliga a revisar”. En redes, #MarchaAtras2035 supera los 1,9 millones de interacciones, con un 62 % viéndolo como “victoria del sentido común” y un 35 % como “traición al clima”.
Económicamente, la revisión podría inyectar 150.000 millones de euros en la cadena de suministro automovilístico hasta 2040. Socialmente, alivia a trabajadores del sector pero genera debate verde. Políticamente, fortalece el eje Berlín-Roma y debilita la agenda ecológica de Von der Leyen. Bruselas no solo cede: reescribe el futuro de la movilidad europea.





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