El juez de instrucción de La Paz ha dictado cinco meses de prisión preventiva contra el ex presidente de Bolivia, Luis Arce , de 62 años,...
El juez de instrucción de La Paz ha dictado cinco meses de prisión preventiva contra el ex presidente de Bolivia, Luis Arce, de 62 años, en una decisión que ha sacudido el panorama político del país andino y ha desatado protestas masivas en las calles de El Alto y Cochabamba. Arce, que gobernó Bolivia entre 2020 y 2025 tras suceder a Evo Morales, ha sido trasladado al penal de San Pedro en La Paz, acusado de fraude electoral agravado, malversación de fondos públicos y asociación delictiva en el marco de las elecciones de octubre de 2025, que la oposición denunció como manipuladas para perpetuar al MAS en el poder.
La medida cautelar, solicitada por la Fiscalía General del Estado tras 48 horas de declaración, se basa en indicios “sólidos” de que Arce ordenó directamente la alteración de actas electorales en al menos siete departamentos, asegurando su reelección con un 52 % de los votos frente al 31 % de Carlos Mesa y el 14 % de Luis Fernando Camacho. Los investigadores han documentado transferencias de 18 millones de bolivianos desde cuentas del Ministerio de Economía —entonces bajo su control directo— a empresas informáticas que modificaron el sistema TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares) en la noche del escrutinio, un escándalo que recuerda el de 2019 que derrocó a Evo Morales.
El juez ha justificado la prisión preventiva por “riesgo de fuga” —Arce posee propiedades en Argentina y México— y “obstrucción a la justicia”, ya que varios de sus exministros han huido del país en las últimas semanas. Entre las pruebas presentadas figuran audios intervenidos donde Arce conversa con el ex presidente del Tribunal Supremo Electoral sobre “garantizar el resultado” y mensajes de WhatsApp con operadores del MAS coordinando “actas paralelas” en Potosí y Santa Cruz.
La detención de Arce, economista formado en Londres y artífice del “milagro económico” boliviano entre 2006 y 2019 como ministro de Economía de Morales, marca el fin abrupto de una era para el Movimiento al Socialismo (MAS), que ha gobernado ininterrumpidamente desde 2006. Su sucesora interina, la vicepresidenta David Choquehuanca, ha convocado elecciones anticipadas para mayo de 2026 y ha prometido “transparencia total”, pero el MAS se fractura: la facción evista exige su liberación inmediata y ha bloqueado carreteras en el Chapare con 10.000 cocaleros, mientras el ala arcista lo acusa de “traicionar el proceso de cambio”.
En La Paz y El Alto, miles de simpatizantes han intentado marchar hacia la plaza Murillo, pero la Policía ha dispersado las concentraciones con gas lacrimógeno, dejando 45 detenidos y 12 heridos. La oposición, liderada por Mesa y Camacho, ha celebrado la medida como “el fin de la impunidad” y ha convocado una “marcha por la democracia” para el domingo.
La economía boliviana, ya golpeada por la caída de reservas de gas y una inflación del 18 %, ha reaccionado con pánico: el dólar paralelo ha subido un 12 % en 24 horas y la bolsa de La Paz ha caído un 8 %. Organismos internacionales como la OEA y la ONU han pedido “respeto al debido proceso” y han ofrecido mediación.
Arce, que se declaró “preso político” en su última alocución desde el Palacio Quemado, enfrenta penas que podrían superar los 20 años de cárcel si es hallado culpable. Su ingreso en San Pedro, la misma prisión donde estuvo Evo Morales brevemente en 2019, cierra un ciclo de 19 años de poder masista. Bolivia no solo encarcela a un ex presidente: abre una nueva era de incertidumbre política.
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