El Ministerio del Interior prepara una jugada maestra para blindar al Gobierno ante la avalancha de investigaciones judiciales que salpic...
El Ministerio del Interior prepara una jugada maestra para blindar al Gobierno ante la avalancha de investigaciones judiciales que salpican al PSOE: la teniente coronel María Dolores Gimeno, actual asesora de confianza del ministro Fernando Grande-Marlaska, será nombrada la próxima jefa de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, según fuentes internas del departamento que han confirmado el movimiento este lunes 8 de diciembre de 2025. Esta designación, que se materializará en el Consejo de Ministros del 17 de diciembre, llega en un momento crítico, con la UCO al frente de causas como el caso Koldo-Ábalos, la trama de Servinabar y los presuntos cobros en negro de altos cargos socialistas, y coincide con la inminente aprobación de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que otorgará a los fiscales —bajo la nueva Fiscal General propuesta por Sánchez, Teresa Peramato— el control directo sobre la Policía Judicial, incluyendo UCO y UDEF.
La vacante en la UCO se abrió tras el ascenso del coronel Rafael Yuste a general de brigada, un relevo que deja la unidad más sensible de la Guardia Civil —responsable del 70 % de las macrocausas de corrupción en España— en manos de quien el Gobierno considere “de confianza”. Gimeno, de 48 años y con 25 de servicio, no es una desconocida: desde 2023 asesora directamente a Marlaska en materia de inteligencia y ciberseguridad, y ha participado en operaciones contra el crimen organizado que han evitado filtraciones a la prensa. Su nombramiento, que requerirá informe favorable del Consejo de Estado, sería el primero de una mujer al frente de la UCO, pero críticos lo ven como un “golpe de timón” para ralentizar o archivar investigaciones que tocan al núcleo del PSOE.
La jugada encaja perfectamente con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada en el Congreso la semana pasada y pendiente de publicación en el BOE: a partir de 2026, los fiscales dirigirán directamente a la Policía Judicial, eliminando la independencia operativa que hasta ahora permitía a la UCO avanzar sin interferencias políticas. Peramato, propuesta como Fiscal General por Sánchez y ex presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, ha defendido públicamente que “la Fiscalía debe liderar la lucha contra la corrupción con criterios de oportunidad”, una frase que opositores interpretan como eufemismo para “proteger a los nuestros”.
El caso Koldo, con Ábalos y García en prisión provisional, es el más vulnerable: la UCO ha documentado 54 millones en contratos irregulares y 6,5 millones en comisiones, pero Gimeno, según rumores, ya ha ordenado “pausar” interrogatorios clave. Similarmente, la trama de Servinabar en Navarra, que implica a Cerdán y altos cargos socialistas, podría ver sus diligencias archivadas por “falta de indicios”. La UCO, que en 2024 resolvió 1.200 causas de corrupción, podría pasar de ser el azote del Gobierno a su escudo.
El PSOE ha negado cualquier “maniobra”, alegando que Gimeno es “una profesional impecable”. Sin embargo, la oposición ha registrado una moción de censura contra Marlaska y exige la comparecencia de Peramato.
En redes, #UCOAlPSOE supera los 2,3 millones de interacciones, con un 85 % exigiendo independencia judicial. Económicamente, la corrupción investigada por la UCO suma 120 millones en desvíos. Socialmente, erosiona la confianza en la justicia. Políticamente, acelera la crisis del Gobierno, con aprobación cayendo al 30 %. Colocar a una asesora de Marlaska en la UCO no es solo un nombramiento: es el fin de una era de investigaciones incómodas.
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