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El Consejo de Ministros ha iniciado la tramitación del Anteproyecto de Ley para la regulación de la profesión de agente de igualdad, una nueva figura profesional que contará con un título oficial habilitante expedido por el Ministerio de Igualdad y reconocido en todo el territorio nacional. La norma, que se prevé aprobar en el primer semestre de 2026, establece por primera vez un marco legal para esta actividad, que hasta ahora se desarrollaba de forma dispersa y sin reconocimiento oficial, y obliga a todas las administraciones públicas, empresas de más de 50 trabajadores y entidades que reciban fondos públicos a contar con al menos un agente de igualdad acreditado para elaborar, implementar y evaluar planes de igualdad.
El agente de igualdad será un profesional especializado en la detección, prevención y corrección de desigualdades de género en ámbitos laborales, educativos, sanitarios y sociales. Sus funciones incluirán la elaboración de diagnósticos de situación, la redacción de protocolos contra el acoso sexual, la formación obligatoria en igualdad a empleados y directivos, y la mediación en conflictos derivados de discriminación. El título habilitante se obtendrá mediante un curso oficial de 600 horas (400 teóricas y 200 prácticas) impartido por centros acreditados por el Ministerio de Igualdad, con un temario que abarca legislación de género, perspectiva interseccional, violencia machista y análisis de datos desagregados por sexo. Los profesionales ya en activo podrán convalidar experiencia mediante un examen extraordinario en 2027.
La creación de esta profesión responde a la necesidad de profesionalizar una figura que ya existe de facto en muchas empresas y administraciones, pero sin formación homogénea ni reconocimiento legal. El Gobierno calcula que en los próximos cinco años se necesitarán 25.000 agentes de igualdad para cumplir con la ampliación de la Ley de Igualdad de 2007 y la Directiva Europea de Transparencia Salarial, que obliga a publicar brechas retributivas y planes correctores. Las grandes empresas cotizadas deberán incorporar al menos dos agentes, mientras que las pymes podrán compartir uno con otras compañías del mismo sector.
El Ministerio de Igualdad ha presupuestado 120 millones de euros para los primeros tres años: 60 millones en formación gratuita para desempleados y mujeres en situación de vulnerabilidad, 40 millones en subsidios a centros homologados y 20 millones en campañas de difusión. La titulación será de nivel universitario equivalente a un máster, con posibilidad de acceso desde cualquier grado o FP superior, y un salario medio recomendado de 2.800 euros brutos mensuales en el sector público y 3.200 en el privado.
La medida ha recibido apoyo de sindicatos como UGT y CCOO, que la ven como “un avance en la institucionalización de la igualdad”, y de asociaciones feministas que celebran “la profesionalización de una lucha histórica”. Sin embargo, la patronal CEOE ha criticado el “coste adicional” para las empresas y ha pedido moratorias para pymes. Vox ha calificado la ley de “ideología de género impuesta” y ha anunciado recurso de inconstitucionalidad.
La tramitación del Anteproyecto incluye audiencia pública hasta febrero de 2026, con previsión de entrada en vigor en septiembre de ese año. El Gobierno ha destacado que España se convierte en el primer país europeo en regular oficialmente esta profesión, adelantándose a Francia y Suecia, que solo cuentan con certificaciones voluntarias.
Con esta ley, el Ejecutivo no solo crea una profesión: crea un ejército de 25.000 especialistas para combatir la desigualdad estructural, financiado con dinero público y obligatorio para el sector privado. La igualdad deja de ser un deseo: pasa a ser una obligación con nombre y apellidos.
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