El gobierno renuncia a 60.200 millones de préstamos europeos y subirá el diésel para compensar el agujero fiscal

  El Consejo de Ministros ha aprobado la adenda definitiva del Plan de Recuperación que cierra la puerta a los 60.200 millones de euros en...

 

El Consejo de Ministros ha aprobado la adenda definitiva del Plan de Recuperación que cierra la puerta a los 60.200 millones de euros en préstamos que España tenía asignados en el marco Next Generation EU, renunciando así al 70 % de los créditos que Bruselas le reservaba. El Ejecutivo ha optado por concentrarse exclusivamente en las transferencias no reembolsables (24.800 millones) que ya están comprometidas, alegando “dificultades de ejecución” y “riesgo de endeudamiento innecesario”. La decisión, que se presentará a la Comisión Europea antes del 31 de diciembre, supone la mayor renuncia de un país miembro a los préstamos del fondo de recuperación y deja a España como el único gran Estado que no ha solicitado ni un euro de la parte crediticia.

El agujero que deja la renuncia —que equivale al 4,5 % del PIB— será compensado en gran medida con una subida del impuesto especial sobre hidrocarburos al diésel que el Gobierno no ha logrado eliminar de los hitos exigidos por Bruselas. A partir del 1 de enero de 2026, el diésel pasará de los actuales 33,1 céntimos por litro a los 40,7 céntimos que ya paga la gasolina, un incremento del 23 % que afectará a 15 millones de vehículos diésel (el 55 % del parque móvil español). El Ejecutivo calcula recaudar 4.800 millones de euros anuales adicionales, de los cuales 2.200 millones irán a cubrir el déficit de ejecución de los fondos y el resto a financiar la rebaja del IRPF prometida para rentas medias en 2026.

La decisión de renunciar a los préstamos —que tenían tipos de interés cercanos al 0 % y vencimiento a 30 años— ha sido criticada por la oposición como “el mayor fracaso de gestión europea del Gobierno”. El PP ha cifrado en 12.000 millones el coste anual que España pagará en intereses de deuda ordinaria al 3,8 % para financiar los mismos proyectos que podría haber cubierto con créditos europeos al 0,1 %. La CEOE calcula que la subida del diésel encarecerá el transporte de mercancías un 8 % y restará 0,3 puntos al PIB en 2026.

El Gobierno ha defendido la renuncia argumentando que “evita un endeudamiento innecesario” y que “prioriza la ejecución efectiva”, pero ha reconocido que no ha podido eliminar el hito del diésel pese a meses de negociación con Bruselas. La vicepresidenta María Jesús Montero ha anunciado que la subida será “gradual” y que habrá bonificaciones para transportistas profesionales (50 %) y agricultores (30 %), pero no para particulares.

En redes #Renuncia60MilMillones supera los 2,1 millones de interacciones, con un 82 % criticando la medida como “otro impuesto disfrazado”. Los transportistas han convocado paros indefinidos a partir del 15 de enero y la Asociación de Consumidores ha anunciado recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Económicamente, la renuncia cuesta 1.800 millones anuales en intereses extra. Socialmente, castiga a la clase media rural y a autónomos. Políticamente, hunde la imagen de gestión europea del Gobierno, con aprobación cayendo al 32 %. Renunciar a 60.000 millones baratos para subir el diésel no es solo una decisión: es la crónica de un fracaso anunciado.