La Guardia Civil ha revelado detalles estremecedores sobre el asesinato del pequeño Lucas, de 4 años, en Garrucha (Almería): el novio de la madre, un hombre de 32 años de origen magrebí, lo violó y golpeó brutalmente durante horas hasta causarle la muerte, mientras la progenitora, una venezolana de 21 años, observaba sin intervenir y luego abandonó el cadáver en la playa. La autopsia, realizada en el Instituto de Medicina Legal de Almería, confirma que Lucas sufrió penetración anal con objeto punzante, fracturas múltiples en cráneo y costillas y asfixia por estrangulamiento, con el cuerpo presentando más de 40 lesiones compatibles con una agresión sexual y tortura prolongada. La madre, que se encuentra en prisión provisional, se ha negado ahora a firmar el consentimiento para la incineración o entierro del menor, prolongando el dolor de la familia paterna y obligando a un juez a decidir sobre el destino del cuerpo.
El crimen ocurrió en la madrugada del 8 al 9 de noviembre en el domicilio de la madre, un piso de alquiler social en la calle Gómez Ferrer. Según la investigación, la mujer había dejado a Lucas con su pareja durante la noche mientras salía a trabajar como camarera, pero regresó a las 03:00 horas y encontró al niño agonizando en el salón. En lugar de llamar a emergencias, ambos esperaron hasta las 06:00 para envolver el cadáver en una manta y abandonarlo en la playa de Las Marinas, a 1,5 km del domicilio. Un paseante encontró el cuerpo a las 07:15 horas y alertó al 112. La madre simuló entonces una llamada de auxilio, pero los vecinos ya habían denunciado gritos y golpes durante la noche.
La pareja de la madre, J.A.M., de 32 años y con antecedentes por malos tratos y posesión de estupefacientes, ha confesado ante la Guardia Civil que “perdió los nervios” cuando el niño lloraba por hambre y que lo golpeó con los puños y un cinturón hasta que “dejó de moverse”. La autopsia revela que Lucas estuvo vivo al menos tres horas sufriendo abusos, con signos de inanición y deshidratación previos. La madre, M.C.R., de 21 años y separada del padre biológico de Lucas desde 2023, ha alegado “miedo” para no intervenir, pero mensajes de WhatsApp intervenidos muestran que planeaba “dejar al niño con alguien” para “salir de fiesta”. La pareja ha sido imputada por homicidio con alevosía y agresión sexual a menor, y la madre por encubrimiento y omisión del deber de socorro, con penas que podrían superar los 25 años.
La familia paterna, que ha custodiado al otro hijo de la pareja (de 2 años), ha exigido que el cuerpo de Lucas sea enterrado en el panteón familiar de Roquetas de Mar, pero la madre se niega a firmar el consentimiento alegando “derechos exclusivos”. El juez ha ordenado que el cadáver permanezca en el instituto forense hasta resolver el conflicto.
Garrucha, un pueblo de 10.000 habitantes, ha declarado tres días de luto y ha colocado 4.000 velas en la playa donde apareció Lucas. En redes #JusticiaPorLucas supera los 2,8 millones de menciones, con un 95 % exigiendo cadena perpetua revisable.
Económicamente, el caso costará al erario más de 150.000 euros en investigación y protección. Socialmente, conmociona a Almería, que registra un aumento del 35 % en violencia vicaria. Políticamente, reaviva el debate sobre custodia compartida y salud mental materna. Lucas no solo fue asesinado: fue silenciado por quienes debían protegerlo.
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