La inmigración por sí sola no bastará para pagar las pensiones de los trabajadores cualificados

Un estudio conjunto de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y BBVA Research , publicado esta semana, arroja luz fría sobre ...

Un estudio conjunto de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y BBVA Research, publicado esta semana, arroja luz fría sobre uno de los grandes mantras demográficos españoles: la idea de que la llegada masiva de inmigrantes jóvenes resolverá por arte de magia el problema de las pensiones. La conclusión principal es rotunda: aunque la inmigración ayuda, no es suficiente ni de lejos para compensar el envejecimiento acelerado de la población activa cualificada, precisamente la que más cotiza a la Seguridad Social y la que más presión ejercerá sobre el sistema cuando se jubile.

El dato más alarmante del informe es que, a finales de 2024, en España ya hay menos de un trabajador joven (menor de 35 años) por cada ocupado o parado mayor de 55 años con estudios medios o superiores. La ratio se sitúa en 0,92 y cae hasta 0,78 si solo miramos a los titulados universitarios o de FP superior. En términos absolutos, eso significa que por cada persona cualificada que dentro de 10-15 años empezará a cobrar pensión contributiva elevada hay menos de una persona joven cualificada cotizando para pagarla. Y la tendencia empeora rápidamente: para 2035 la ratio podría bajar a 0,6 en el mejor escenario migratorio considerado.

Los autores del estudio (Juan Ramón García y Diego Martínez López, de BBVA Research, junto a Alfonso Arellano y Brindusa Anghel, de Fedea) han modelizado tres escenarios de flujos migratorios hasta 2050: bajo (150.000 entradas netas anuales), medio (300.000) y alto (500.000). Incluso en el escenario más optimista, que supondría multiplicar por más de tres la inmigración neta actual, la población activa cualificada apenas crecería un 8% hasta 2050, mientras que el número de jubilados con pensiones altas (los baby boomers cualificados) se disparará un 75%. El resultado: el gasto en pensiones contributivas seguiría creciendo por encima del PIB y la tasa de dependencia (pensionistas por cotizante) se situaría entre 68% y 74% en 2050, lejos del 55% que sería sostenible sin reformas.

El problema no es solo cuantitativo, sino cualitativo. La mayoría de los inmigrantes que llegan a España tienen niveles formativos bajos o medios-bajos: solo uno de cada cuatro tiene estudios superiores, frente a casi la mitad de los nacidos aquí. Además, la inserción laboral de los inmigrantes cualificados es más lenta y suelen acceder a empleos por debajo de su cualificación (el famoso taxista ingeniero). Como consecuencia, su cotización media es significativamente inferior a la de los nativos con la misma formación.

El informe advierte también de un efecto menos comentado: la propia inmigración envejece. Los flujos de los últimos años ya están entrando en la franja 35-50 años y dentro de dos décadas muchos de ellos también serán pensionistas. En 2040, uno de cada cuatro perceptores de pensión contributiva podría ser inmigrante o descendiente directo de inmigrante, pero su pensión media será más baja que la de los nativos, lo que agrava el desequilibrio financiero.

Los autores no piden cerrar la puerta a la inmigración, sino cambiar radicalmente el enfoque: hacer políticas selectivas que prioricen la atracción de talento cualificado (ingenieros, sanitarios, investigadores), mejorar la formación y recualificación de los propios españoles (especialmente mayores de 45 años) y, sobre todo, asumir que sin alargar la edad efectiva de jubilación y aumentar la productividad no habrá milagro demográfico que valga. La inmigración es un parche útil, pero no la solución mágica que algunos vendían. El reloj demográfico sigue corriendo y cada vez suena más fuerte.