La UE aprueba el “Modelo Meloni” de expulsiones: Centros de retorno en terceros países y España se queda sola en el “no”

  Los 27 Estados miembros de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo histórico para implantar el llamado “modelo Meloni” de gestión migra...

 

Los 27 Estados miembros de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo histórico para implantar el llamado “modelo Meloni” de gestión migratoria: creación de centros de retorno y procesamiento de asilo en terceros países seguros (Albania, Túnez, Libia y Egipto ya han firmado preacuerdos), devolución inmediata de inmigrantes irregulares sin derecho a recurso efectivo en territorio europeo y externalización total de las fronteras. La decisión, tomada por mayoría cualificada en el Consejo de Asuntos de Interior, ha contado con el voto en contra de España y la abstención de Irlanda, mientras que el resto —incluidos países tradicionalmente progresistas como Suecia y Países Bajos— han respaldado la propuesta italiana que ya ha reducido en un 64 % las llegadas a Lampedusa desde 2023.

El pacto establece que cualquier migrante que llegue irregularmente a territorio europeo será trasladado en un plazo máximo de 72 horas a uno de los centros externos, donde se decidirá en 12 semanas si tiene derecho a asilo o será repatriado directamente a su país de origen o a un tercer país seguro. Los menores no acompañados y familias con niños menores de 12 años quedan excluidos del traslado, pero sí serán retenidos en centros cerrados dentro de la UE hasta su devolución. Los costes (estimados en 8.000 millones de euros anuales) se financiarán con el nuevo Fondo Europeo de Gestión Migratoria, al que España aportará 1.200 millones hasta 2030.

Giorgia Meloni, que ha pilotado la negociación desde Roma, ha celebrado el acuerdo como “el fin de la hipocresía europea”: “Durante años algunos países miraban para otro lado mientras Italia soportaba sola la presión. Hoy Europa asume su responsabilidad compartida”. El primer ministro húngaro Viktor Orbán ha sido el más entusiasta: “Es la victoria del sentido común sobre la ideología de puertas abiertas”.

España, representada por el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, ha sido el único país en votar en contra, argumentando que el modelo “viola el derecho internacional y el principio de no devolución”. Fuentes del Gobierno han confirmado que Sánchez ha ordenado “explorar todas las vías legales” para bloquear la aplicación en puertos y aeropuertos españoles, incluyendo recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE. La decisión ha generado una crisis diplomática inmediata: Italia ha retirado su apoyo a la candidatura española para la presidencia del Consejo de la UE en 2028 y Hungría ha amenazado con vetar cualquier fondo europeo para España si no cumple.

En redes #ModeloMeloni supera los 3,2 millones de interacciones, con un 70 % celebrando el acuerdo como “fin de la invasión” y un 25 % denunciando “racismo institucional”. ONG como CEAR y Amnistía Internacional han convocado protestas en Madrid, Barcelona y Bruselas para el 15 de diciembre.

Económicamente, la externalización ahorrará a la UE 12.000 millones anuales en acogida. Socialmente, polariza aún más el debate migratorio. Políticamente, aísla a España como único disidente y fortalece el eje Roma-Budapest-Varsovia. Europa no solo ha aprobado un modelo: ha elegido cerrar sus puertas, y España se ha quedado fuera votando “no”.