El gasto en pensiones contributivas ha cerrado 2025 con una cifra histórica de 189.598 millones de euros, según los datos publicados este...
El gasto en pensiones contributivas ha cerrado 2025 con una cifra histórica de 189.598 millones de euros, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esta cantidad, que incluye jubilación, viudedad, orfandad e incapacidad permanente, representa un incremento del 6,2 % respecto a 2024 y supera por primera vez los 200.000 millones si se suman las pensiones no contributivas y complementos mínimos, que añaden otros 10.500 millones. El desembolso total del sistema roza el 13 % del PIB nacional, un porcentaje que coloca a España entre los países europeos con mayor presión sobre las arcas públicas por el envejecimiento poblacional y la generosidad del sistema.
El aumento se explica por varios factores concatenados: la revalorización automática de las pensiones con el IPC medio —que en 2025 ha sido del 3,8 %—, el efecto de la jubilación masiva de la generación del baby boom y el crecimiento vegetativo de nuevos pensionistas, que ha superado los 300.000 anuales. A cierre de diciembre, el número de pensiones contributivas alcanza los 10,2 millones, con una pensión media de 1.285 euros mensuales (18.000 euros anuales con pagas extras). Las jubilaciones, que representan el 65 % del gasto, han crecido un 7,1 %, impulsadas por las altas de los nacidos en los años 60, que acceden con carreras largas y bases cotizadas elevadas.
El Ministerio ha destacado que el gasto ha sido “controlado” gracias al aumento de ingresos por cotizaciones —que han subido un 8 % por la creación de empleo y las subidas salariales—, pero reconoce que el déficit de la Seguridad Social se mantiene en torno a los 20.000 millones anuales, cubierto con transferencias del Estado. Los complementos a mínimos, que garantizan una pensión digna a quienes tienen carreras cortas, han costado 18.000 millones, un 12 % más, mientras las pensiones de viudedad han absorbido 32.000 millones.
El envejecimiento demográfico agrava la situación: la ratio de cotizantes por pensionista ha caído a 2,1, la más baja desde los años 80, y se prevé que baje a 1,8 en 2030. El Gobierno ha anunciado medidas como el incentivo a la jubilación demorada —con bonificaciones del 4 % por año extra trabajado— y la equiparación progresiva de la edad real de jubilación a la legal (67 años en 2027), pero los expertos advierten que sin reformas estructurales —como alargar la edad o ajustar la fórmula de cálculo—, el gasto podría alcanzar los 250.000 millones en 2030.
Los sindicatos han celebrado la revalorización como “justicia social”, mientras la patronal ha alertado de que el aumento de cotizaciones para financiar el sistema —que ya es del 28,3 %— resta competitividad a las empresas. La oposición ha criticado la “insostenibilidad” y ha pedido un pacto de Estado urgente para blindar las pensiones sin hipotecar a las generaciones futuras.
El cierre de 2025 deja un sistema que protege a 10 millones de pensionistas con dignidad, pero a un coste que devora el presupuesto público y obliga a decisiones difíciles. Los 200.000 millones no son solo una cifra: son el precio de una sociedad que envejece sin haber preparado el relevo generacional.
.png "Google-Translate-Spanish to English")
COMMENTS