Libertad con medidas cautelares para los tres detenidos en el caso Plus Ultra

  Los tres principales detenidos en la investigación por el rescate público de 53 millones de euros a Plus Ultra han sido puestos en libert...

 

Los tres principales detenidos en la investigación por el rescate público de 53 millones de euros a Plus Ultra han sido puestos en libertad con medidas cautelares, después de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama aceptara las fianzas propuestas por sus defensas y considerara que el riesgo de fuga y destrucción de pruebas había disminuido tras los registros exhaustivos realizados en las últimas semanas. Raúl Alcaraz, propietario mayoritario de la aerolínea; Julio Martínez, exconsejero delegado; y el directivo financiero J.M.G. han abandonado la prisión de Soto del Real tras abonar fianzas de 2 millones, 1,5 millones y 800.000 euros respectivamente, cantidades que han sido depositadas en efectivo y garantías hipotecarias sobre propiedades en Madrid y Baleares.

La decisión judicial impone a los tres estrictas medidas cautelares: retirada inmediata del pasaporte, prohibición de salida del territorio nacional, comparecencias quincenales en el juzgado más cercano a su domicilio y la instalación de pulseras de geolocalización para monitorizar sus movimientos. Además, se les prohíbe cualquier contacto con otros investigados en la causa —que ya suma 18 imputados— y con empleados actuales o antiguos de Plus Ultra y Globalia. El juez ha justificado la libertad provisional por “la colaboración parcial prestada en los interrogatorios” y por la “incautación masiva de documentación” que reduce el riesgo de obstrucción, pero mantiene la prisión para otros cinco arrestados considerados “piezas clave” en la presunta trama de malversación, fraude de subvenciones y blanqueo.

Los tres liberados han salido de prisión en silencio, escoltados por sus abogados, sin hacer declaraciones a la prensa que aguardaba a las puertas de Soto del Real. Alcaraz, de 68 años y principal accionista a través de sociedades en Panamá, ha sido el último en abandonar las instalaciones, visiblemente más delgado tras 15 días en prisión provisional. Martínez, de 55 años y rostro público de la aerolínea durante la pandemia, ha sido recibido por familiares en un vehículo con cristales tintados. El directivo financiero, por su parte, ha regresado a su domicilio en Pozuelo de Alarcón bajo vigilancia policial.

La puesta en libertad llega en un momento de máxima presión judicial: la UCO ha documentado desvíos de al menos 22 millones del rescate a cuentas en Suiza y Emiratos vinculadas al régimen venezolano, y ha encontrado facturas falsas por “servicios inexistentes” que suman 28 millones. Los investigados mantienen que el rescate fue “legal y necesario” para salvar 280 empleos, pero la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la devolución íntegra de los 53 millones y la intervención judicial de la aerolínea, que ha suspendido todos sus vuelos y entrado en concurso de acreedores, dejando en tierra a 15.000 pasajeros con reservas para Navidad.

La oposición ha reaccionado con dureza: el PP ha calificado la libertad de “escándalo” y ha exigido la comparecencia urgente de Pedro Sánchez, mientras Vox ha anunciado una querella contra el juez por “prevaricación”. En redes #LibertadPlusUltra supera los 1,9 millones de interacciones, con un 82 % considerando las fianzas “un privilegio de los poderosos”.

La aerolínea, que operaba rutas a Venezuela y Ecuador con aviones alquilados, se ha convertido en símbolo de los rescates controvertidos de la pandemia. Los tres liberados enfrentan penas que podrían superar los 10 años si son condenados, pero su salida de prisión marca un punto de inflexión en una causa que amenaza con salpicar a exministros y altos cargos del Gobierno de 2021.

Económicamente, el caso paraliza 50 millones en deudas de Plus Ultra. Socialmente, indigna a contribuyentes que ven cómo dinero público acaba en paraísos fiscales. Políticamente, agrava la crisis del Ejecutivo en su recta final. Libertad con fianza no es absolución: es solo el comienzo de un juicio que puede cambiar la historia reciente de España.