Montero colocó a Leire Díez en la mesa de Hacienda que autorizaba contratos urgentes de la pandemia

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero , designó personalmente a Leire Díez como vocal en la Mesa de Contrat...

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, designó personalmente a Leire Díez como vocal en la Mesa de Contratación de Emergencia del Ministerio durante la pandemia, el órgano que autorizaba de forma exprés los contratos millonarios por procedimiento urgente sin publicidad ni concurrencia, según documentación interna a la que ha tenido acceso en exclusiva un medio digital. Díez, detenida la semana pasada por la UCO en la operación contra la presunta trama de corrupción en adjudicaciones públicas, ocupó ese puesto clave entre marzo de 2020 y diciembre de 2021, periodo en el que se aprobaron más de 12.000 millones de euros en contratos de material sanitario, mascarillas y respiradores, muchos de ellos acabados en empresas vinculadas a la red investigada.

La Mesa de Contratación de Emergencia, creada por real decreto en marzo de 2020 para agilizar compras ante la crisis del COVID-19, tenía capacidad para adjudicar directamente sin los controles habituales, y Díez, entonces directora general de Racionalización y Centralización de la Contratación, firmaba como vocal junto a altos cargos de Hacienda y Sanidad. Su presencia en ese órgano permitió, según los investigadores, influir en la priorización de ofertas de empresas como Soluciones de Gestión —vinculada a Koldo García— y otras que facturaron 54 millones en mascarillas defectuosas o sobrevaloradas. Montero, como ministra responsable, rubricaba las actas finales y defendía públicamente la “agilidad necesaria” para salvar vidas.

El nombramiento de Díez, de 46 años y sin experiencia previa en contratación pública masiva, se produjo apenas dos semanas después de que Montero asumiera competencias en Hacienda tras la remodelación de gobierno de enero de 2020. Díez, que había trabajado como asesora en el Gabinete de la Vicepresidencia con Pablo Iglesias, fue propuesta directamente por Montero para “reforzar la coordinación interministerial”, según el decreto interno. Su rol en la Mesa le daba acceso a informes previos, pliegos de condiciones y valoraciones técnicas, lo que la UCO considera “clave” para desviar contratos a empresas afines al entorno socialista.

La investigación ha documentado que Díez mantuvo más de 40 reuniones con Víctor de Aldama —el “conseguidor” de la trama— y con directivos de las empresas adjudicatarias, y que en al menos 12 ocasiones intervino para “acelerar” la aprobación de lotes por valor de 180 millones. Los agentes han encontrado mensajes donde Díez presumía ante Aldama de “tener la Mesa controlada” y de “poder meter lo que queramos sin que salte la alarma”.

Montero ha defendido en el Congreso que “todos los contratos se ajustaron a la legalidad de emergencia” y que “Díez era una funcionaria cualificada”, pero la oposición ha registrado una comisión de investigación y exige su comparecencia urgente. El caso se suma a la detención de Ábalos, Koldo y otros implicados, y ha llevado al juez a citar a declarar a tres ex secretarios de Estado de Hacienda por su posible conocimiento de las irregularidades.

La Mesa de Emergencia adjudicó 12.000 millones en dos años, de los cuales la UCO estima que al menos 120 millones fueron desviados en sobrecostes y comisiones. Díez, en prisión provisional desde el viernes, ha solicitado colaboración con la justicia a cambio de reducción de pena.

En redes #MonteroLeire supera los 2,1 millones de interacciones, con un 85 % exigiendo responsabilidades políticas. El Gobierno ha convocado un gabinete de crisis para esta tarde.

Económicamente, la trama podría haber costado 120 millones al erario en material inútil. Socialmente, indigna a un país que vio colas en hospitales mientras se adjudicaban contratos a dedo. Políticamente, coloca a Montero en el centro de la tormenta que amenaza con arrastrar al Ejecutivo. Una mesa de emergencia no solo autorizaba contratos: autorizaba, según la UCO, la corrupción en su máxima expresión.