El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado la creación de un nuevo organismo oficial bajo el nombre de Comisión de la Memoria Democrática y...
El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado la creación de un nuevo organismo oficial bajo el nombre de Comisión de la Memoria Democrática y la Verdad Histórica, un ente que, según el decreto publicado en el BOE, se encargará de “promover la investigación, la reparación y la difusión de la memoria democrática”. El organismo, que ha sido bautizado por la oposición como “el nuevo chiringuito de la memoria histórica”, estará presidido por el exministro de Política Territorial y actual comisario europeo, Ángel Víctor Torres, y contará entre sus vocales con figuras controvertidas como el exjuez Baltasar Garzón y la abogada Cristina Almeida, ambos conocidos por su activismo político y su vinculación histórica con la izquierda española.
La Comisión, que dependerá directamente de la Presidencia del Gobierno, tendrá un presupuesto inicial de 45 millones de euros anuales hasta 2030 y contará con un equipo de 120 personas, incluyendo historiadores, juristas y “expertos en memoria colectiva”. Sus funciones incluyen la elaboración de informes sobre “crímenes del franquismo”, la exhumación de fosas comunes, la creación de un archivo nacional de víctimas y la promoción de actividades educativas y culturales en colegios y universidades. El decreto establece que la Comisión podrá solicitar información a cualquier administración pública, abrir investigaciones propias y proponer medidas de reparación simbólica, como la retirada de símbolos franquistas o la creación de monumentos y rutas de memoria.
La designación de Ángel Víctor Torres como presidente ha sido criticada por su perfil político: exministro y hombre de máxima confianza de Sánchez, Torres fue el responsable de la gestión de la crisis migratoria en Canarias y de la negociación con el Gobierno marroquí. Baltasar Garzón, expulsado de la carrera judicial por prevaricación en 2012, vuelve al primer plano con un puesto remunerado que le permitirá liderar la persecución de “crímenes contra la humanidad” del franquismo. Cristina Almeida, abogada y exdiputada de IU, conocida por su defensa de presos etarras y su activismo antifranquista, completa un equipo que la oposición califica de “comité de venganza ideológica”.
El Gobierno defiende la iniciativa como “un paso necesario para cerrar heridas del pasado y construir una democracia plena”. Sin embargo, el PP ha anunciado que recurrirá el decreto ante el Tribunal Constitucional por “inconstitucionalidad” y por “vulnerar el principio de neutralidad ideológica de las instituciones”. Vox ha calificado la Comisión de “tribunal de la inquisición roja” y ha prometido su supresión inmediata si llega al poder. Ciudadanos y asociaciones como la Fundación Franco han denunciado que se trata de “un nuevo chiringuito con nóminas vitalicias para amigos del Gobierno”.
El presupuesto de 45 millones anuales incluye salarios altos para los vocales (hasta 120.000 euros brutos anuales), oficinas en Madrid y Toledo, y campañas de difusión que llegarán a todos los colegios públicos. La Comisión comenzará sus trabajos en enero de 2026 con un acto solemne en el Valle de los Caídos, que será renombrado como “Valle de la Memoria Democrática”.
En redes, #ChiringuitoMemoria supera los 1,8 millones de interacciones, con un 82 % criticando el gasto público y un 15 % defendiendo la “reparación histórica”. El Gobierno asegura que “la memoria democrática es un derecho”, pero la oposición lo ve como “un nuevo cortafuegos para desviar la atención de los escándalos”. Un nuevo organismo con 45 millones y figuras polémicas: la memoria histórica ya tiene su chiringuito oficial.
.png "Google-Translate-Spanish to English")
COMMENTS