Delcy Rodríguez anuncia ley de amnistía general para presos políticos en Venezuela y reconversión de El Helicoide

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez , anunció este viernes 30 de enero de 2026, durante un acto solemne en el Tribunal Sup...

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes 30 de enero de 2026, durante un acto solemne en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el impulso de una ley de amnistía general destinada a beneficiar a los presos políticos encarcelados en el país. La medida, que cubre el período desde 1999 hasta la fecha actual, busca reparar las heridas dejadas por décadas de violencia política y favorecer la convivencia pacífica entre los venezolanos.

En sus declaraciones, Rodríguez enfatizó que esta iniciativa representa un paso hacia la reconciliación nacional y la tranquilidad del país. "Hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el período de violencia política desde 1999 al presente", afirmó la mandataria encargada. Pidió explícitamente que "no se imponga la venganza" y que nadie promueva la violencia, para que todos puedan "vivir con respeto". Subrayó que la decisión había sido conversada previamente con el expresidente Nicolás Maduro, lo que le da un carácter de continuidad en la transición política que vive el país.

La propuesta será remitida de inmediato a la Asamblea Nacional, donde se espera que sea discutida y aprobada con celeridad, posiblemente durante la primera semana de febrero. Organizaciones como el Foro Penal han documentado que, desde el anuncio inicial de liberaciones masivas el 8 de enero, ya se han excarcelado al menos 302 personas consideradas presas políticas, y el número podría aumentar significativamente con esta nueva ley. Se estima que cientos —algunas fuentes hablan de más de 800 o incluso cerca de 1.000— permanecen aún detenidas por motivos políticos, incluyendo dirigentes opositores, sindicalistas, periodistas, estudiantes y activistas de derechos humanos.

Rodríguez aclaró que la amnistía no sería absoluta: quedarían excluidos los casos relacionados con delitos graves como homicidio, tráfico de drogas, corrupción y violaciones a los derechos humanos. De esta forma, la norma se centraría principalmente en aquellos procesados por cargos de carácter político, como conspiración, incitación al odio o traición a la patria, que han sido utilizados frecuentemente en los últimos años para justificar detenciones de opositores.

Paralelamente al anuncio de la amnistía, la presidenta encargada informó sobre la reconversión del centro de detención de El Helicoide, un emblemático edificio en Caracas que durante años ha sido símbolo de la represión y denunciado por organismos internacionales por presuntos abusos y torturas a detenidos. El lugar será transformado en un centro destinado a actividades deportivas y servicios sociales, marcando un cambio simbólico en la política penitenciaria del gobierno.

Este anuncio llega en un contexto de profundos cambios en Venezuela tras la salida de Nicolás Maduro del poder y la asunción de Rodríguez como presidenta encargada. Diversas voces internacionales, incluyendo Estados Unidos y organismos de derechos humanos, han demandado durante años la liberación de presos políticos como condición para cualquier proceso de normalización democrática y levantamiento de sanciones. La medida es vista por algunos analistas como una respuesta a esas presiones externas y un intento de generar gestos de buena voluntad en medio de la crisis económica, social y política que afecta al país.

Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional y el propio Foro Penal, han recibido con cautela el anuncio, exigiendo que se libere a todos los detenidos arbitrariamente y que se garanticen procesos justos y transparentes. Mientras tanto, familiares de presos y sectores opositores celebran la noticia como un avance concreto hacia la justicia y la libertad de los afectados.

Con esta ley, Venezuela da un paso significativo hacia la posibilidad de cerrar un capítulo doloroso de su historia reciente, aunque el éxito dependerá de su implementación efectiva y de que realmente beneficie a quienes han sido víctimas de la persecución política durante más de dos décadas.