El delegado del Gobierno en Extremadura , actual líder de la Gestora del PSOE regional tras la dimisión de Miguel Ángel Gallardo , y cons...
El delegado del Gobierno en Extremadura, actual líder de la Gestora del PSOE regional tras la dimisión de Miguel Ángel Gallardo, y considerado uno de los amigos más cercanos de Pedro Sánchez, ha sido denunciado por presunto acoso laboral por varios funcionarios de su propia Delegación. La denuncia, presentada ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y ante los juzgados de Badajoz, acusa al alto cargo de crear un ambiente tóxico de trabajo mediante humillaciones públicas, presiones constantes y favoritismos políticos que han derivado en bajas por ansiedad y depresión entre el personal.
Los denunciantes, un grupo de funcionarios de carrera con años de servicio en la Delegación, describen un patrón sistemático de conducta desde la llegada del delegado al cargo en 2023. Según el escrito, el alto cargo habría sometido a varios empleados a gritos en reuniones, críticas personales delante de compañeros, asignación de tareas imposibles con plazos irreales y amenazas veladas de represalias si no mostraban “lealtad absoluta”. Una de las denunciantes, una técnica de 45 años con más de 20 de experiencia, asegura haber sufrido un episodio de ansiedad que requirió baja médica tras ser reprendida públicamente por “no alinearse suficientemente” con las directrices políticas del delegado.
La denuncia también señala favoritismos claros: varios puestos de confianza y contratos temporales habrían sido otorgados a personas cercanas al entorno político del delegado, sin respetar los principios de mérito y capacidad que rigen la función pública. Los denunciantes aportan correos electrónicos, actas de reuniones y testimonios de compañeros que confirman un clima de miedo y presión constante, con frases recurrentes como “aquí mandamos nosotros” o “quien no esté con el proyecto, que se vaya”.
El delegado, que asumió la presidencia de la Gestora del PSOE extremeño tras la dimisión de Gallardo por motivos de salud, es una figura de máxima confianza de Pedro Sánchez, con quien mantiene una relación personal de décadas. Su nombramiento como delegado del Gobierno fue visto en su momento como un premio a la lealtad y una forma de controlar el partido en una región clave para el PSOE. Ahora, esta denuncia amenaza con convertirse en un escándalo que salpique directamente a Moncloa, especialmente en un momento de debilidad del partido por otros casos de corrupción y crisis internas.
La Inspección de Trabajo ha abierto expediente y ha citado a declarar tanto al delegado como a los denunciantes en las próximas semanas. Paralelamente, el juzgado de instrucción de Badajoz ha admitido a trámite la denuncia por posible delito contra los derechos de los trabajadores, con riesgo de inhabilitación si se confirma el acoso. Los sindicatos de funcionarios han respaldado a los denunciantes y han pedido “transparencia total” y “protección efectiva” para evitar represalias.
El delegado ha negado rotundamente las acusaciones a través de un comunicado breve, calificándolas de “ataque político orquestado” y asegurando que “siempre he actuado con respeto y profesionalidad”. Sin embargo, no ha aceptado comparecer públicamente ni responder a las preguntas de los medios, remitiéndose a los procedimientos administrativos y judiciales.
La denuncia ha generado una crisis interna en el PSOE extremeño: militantes de base exigen explicaciones y algunos cargos regionales han pedido su dimisión inmediata para “proteger la imagen del partido”. La oposición ha sido contundente: el PP ha registrado una petición de comparecencia en el Congreso y Vox ha anunciado una querella por prevaricación y malversación si se confirma el uso de recursos públicos para fines partidistas.
El caso pone en el foco la gestión de los altos cargos nombrados a dedo y la cultura de lealtad personal que, según críticos, impregna el sanchismo. Un amigo íntimo de Sánchez, líder de la Gestora y delegado del Gobierno, ahora denunciado por acoso laboral: el escándalo amenaza con convertirse en un nuevo frente de desgaste para un Ejecutivo ya sacudido por otras crisis. La Justicia decidirá si las acusaciones son fundadas, pero el daño político ya está hecho.
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