Imputados tres concejales del PNV en Guecho por ordenar el derribo ilegal de un palacete histórico para construir pisos de lujo

La investigación judicial abierta por el derribo de un palacete protegido en Guecho ha dado un paso decisivo con la imputación de tres conc...

La investigación judicial abierta por el derribo de un palacete protegido en Guecho ha dado un paso decisivo con la imputación de tres concejales del PNV del Ayuntamiento de la localidad. La jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de Guecho ha citado a los ediles en calidad de investigados por dos presuntos delitos contra el patrimonio histórico y por un posible delito de prevaricación administrativa, al considerar que pudieron autorizar o permitir de forma irregular la demolición de un edificio catalogado para facilitar una operación urbanística de alto nivel.

Los hechos se remontan al pasado verano, cuando una histórica residencia situada en una zona privilegiada del municipio fue derribada pese a contar con protección patrimonial. El inmueble, de valor arquitectónico y cultural, figuraba en el catálogo municipal de edificios protegidos, lo que limitaba de manera estricta cualquier intervención que alterase su estructura o supusiera su desaparición. Sin embargo, la construcción fue demolida en un corto plazo de tiempo, generando una fuerte polémica vecinal y múltiples denuncias ante la sospecha de irregularidades en la concesión de licencias y autorizaciones.

Según ha trascendido de la investigación, los tres concejales imputados habrían tenido un papel clave en la tramitación administrativa que permitió el derribo. Entre ellos se encuentra la pareja formada por Ignacio e Irantzu Uriarte, que, de acuerdo con la causa, podrían haber reservado para sí dos de los pisos de lujo proyectados en la nueva promoción inmobiliaria que sustituirá al antiguo palacete. Este dato ha reforzado la sospecha de que la actuación no fue únicamente una decisión urbanística, sino que pudo estar motivada por intereses personales.

La jueza investiga si los responsables municipales actuaron a sabiendas de la ilegalidad de la operación, ignorando los informes técnicos que advertían de la protección del edificio o forzando su interpretación para autorizar la demolición. El delito de prevaricación que se les imputa implica haber dictado resoluciones injustas de forma consciente, mientras que los delitos contra el patrimonio histórico se centran en la destrucción de un bien protegido sin cumplir los requisitos legales.

El derribo generó desde el primer momento un profundo malestar entre asociaciones culturales, vecinos y expertos en patrimonio, que denunciaron la pérdida irreversible de un elemento singular del paisaje urbano de Guecho. Para muchos, el caso simboliza el conflicto entre la conservación del patrimonio y la presión inmobiliaria en zonas de alto valor económico. La posibilidad de que cargos públicos hayan favorecido intereses privados a costa de un bien protegido ha añadido un fuerte componente político al proceso.

Desde el Ayuntamiento y desde el propio PNV se ha optado por la prudencia. Fuentes municipales han señalado que respetan la actuación judicial y que colaborarán con la investigación, insistiendo en que se trata de una imputación y no de una condena. No obstante, la noticia ha provocado tensiones internas y ha sido utilizada por la oposición para exigir responsabilidades políticas inmediatas y una revisión exhaustiva de los procedimientos urbanísticos del consistorio.

La causa judicial sigue abierta y en las próximas semanas se espera que declaren los investigados y varios técnicos municipales. La jueza deberá determinar si existen indicios suficientes para llevar el caso a juicio. Mientras tanto, el solar donde se alzaba el palacete permanece como símbolo de una polémica que ha puesto en el centro del debate la protección del patrimonio, la transparencia administrativa y los límites éticos de la gestión urbanística en uno de los municipios más exclusivos de Vizcaya.