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La Fiscalía Anticorrupción ha asumido la dirección de la investigación sobre el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra en 2021, un giro inesperado que reabre un caso que parecía destinado al archivo definitivo. La decisión llega después de que la fiscalía adscrita al juzgado instructor solicitara en varias ocasiones el sobreseimiento provisional por “falta de indicios delictivos”, argumentando que el rescate se ajustó a la normativa de emergencia de la pandemia y que no existían pruebas suficientes de malversación, fraude de subvenciones o blanqueo de capitales.
La intervención de Anticorrupción, solicitada por el propio juez instructor de la Audiencia Nacional, supone un cambio radical en el rumbo del procedimiento: el organismo especializado en delitos económicos ha solicitado la práctica de nuevas diligencias, incluyendo la toma de declaración a ex altos cargos del Ministerio de Transportes y de la SEPI, así como el análisis detallado de transferencias bancarias a cuentas en Suiza y Panamá vinculadas a los propietarios de la aerolínea. Fuentes judiciales han confirmado que la Fiscalía Anticorrupción considera que existen “indicios razonables” de que parte de los fondos públicos pudieron ser desviados a sociedades pantalla y utilizados para pagos irregulares a intermediarios y funcionarios venezolanos.
El caso Plus Ultra, que estalló en 2021 tras la aprobación exprés del rescate por el Consejo de Ministros pese a que la compañía no cumplía los criterios de “empresa estratégica”, ha sido uno de los más polémicos de la legislatura. La aerolínea, con solo tres aviones operativos y deudas superiores a 120 millones, recibió 53 millones a través de la SEPI en plena pandemia, una decisión que la oposición calificó desde el principio de “rescate político” por los vínculos de sus propietarios con el régimen de Maduro. Las investigaciones iniciales apuntaron a posibles comisiones ilegales y al uso de la compañía como puente para blanqueo de fondos procedentes de Venezuela, con rutas mayoritariamente a Caracas que operaban con aviones semivacíos.
La fiscalía adscrita al juzgado había defendido en sus informes que el rescate fue “legal y necesario” para preservar empleos y conectividad, y que no existían pruebas de desvío de fondos. Sin embargo, la llegada de Anticorrupción cambia el panorama: el organismo ha solicitado la reapertura de piezas separadas relacionadas con Víctor de Aldama —el “conseguidor” ya en prisión por el caso Koldo— y con transferencias a cuentas suizas bloqueadas por autoridades helvéticas. Además, se prevé la citación como investigados de exdirectivos de Globalia y de la propia Plus Ultra, que suspendió vuelos y entró en concurso de acreedores tras las primeras detenciones.
La oposición ha celebrado la intervención como “una victoria de la justicia” y ha exigido la comparecencia urgente de Pedro Sánchez y Nadia Calviño, entonces vicepresidenta económica, para aclarar su papel en la aprobación del rescate. Vox ha anunciado una querella contra el juez instructor por “prevaricación” si finalmente se archiva el caso, mientras el PP prepara una comisión de investigación en el Congreso para 2026.
La aerolínea, que dejó en la calle a 280 trabajadores y con reservas canceladas para 15.000 pasajeros, se ha convertido en símbolo de los rescates controvertidos de la pandemia. La asunción por Anticorrupción no solo reabre el procedimiento: reaviva las sospechas de que los 53 millones públicos pudieron servir para fines muy distintos a los declarados. El caso Plus Ultra, que parecía muerto, resucita con más fuerza que nunca, y 2026 podría ser el año en que se aclare si fue un rescate necesario o un escándalo de corrupción de alto nivel.
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