La Cámara de Diputados de la Nación Argentina dio media sanción al proyecto de ley que propone modificar el Régimen Penal Juvenil y reduci...
La Cámara de Diputados de la Nación Argentina dio media sanción al proyecto de ley que propone modificar el Régimen Penal Juvenil y reducir la edad de imputabilidad penal de los 16 a los 14 años, en un debate que volvió a exponer profundas diferencias políticas, jurídicas y sociales sobre cómo abordar la delincuencia juvenil y el rol del Estado frente a los adolescentes en conflicto con la ley. La iniciativa obtuvo 149 votos a favor, aportados por el oficialismo y bloques aliados, mientras que 100 legisladores se pronunciaron en contra.
El proyecto constituye uno de los ejes centrales de la agenda de seguridad impulsada por el gobierno de Javier Milei, aunque la versión aprobada en esta primera instancia parlamentaria introdujo cambios respecto de la propuesta original del Poder Ejecutivo. En particular, se descartó la posibilidad de reducir la edad de imputabilidad a los 13 años, una alternativa que había sido planteada inicialmente por el oficialismo, y se optó finalmente por fijar el nuevo umbral en los 14 años.
Durante el debate en el recinto, los defensores de la iniciativa sostuvieron que el actual régimen resulta obsoleto frente a las transformaciones de la criminalidad y a la creciente participación de menores de edad en delitos graves. Argumentaron que la falta de herramientas legales claras genera un vacío de intervención estatal y deja sin respuestas adecuadas tanto a las víctimas como a los propios adolescentes involucrados en hechos delictivos. En ese sentido, remarcaron que la reforma no se limita a un endurecimiento punitivo, sino que incorpora un esquema integral de acompañamiento y reinserción.
El texto aprobado contempla un presupuesto superior a los 23.000 millones de pesos destinado a financiar programas educativos, de formación laboral y actividades recreativas orientadas a jóvenes en conflicto con la ley penal. Además, se establecen criterios específicos para la ejecución de las penas, diferenciando los plazos y modalidades según la gravedad de los delitos y la edad de los imputados. El objetivo declarado es crear un sistema especializado que priorice la contención institucional y el abordaje socioeducativo, sin dejar de reconocer la responsabilidad penal a partir de los 14 años.
Desde la oposición, en cambio, se cuestionó duramente la reforma. Varios legisladores advirtieron que bajar la edad de imputabilidad no ataca las causas estructurales de la violencia y la exclusión social, como la pobreza, el abandono escolar y la falta de políticas públicas de prevención temprana. También se expresó preocupación por el riesgo de ampliar la criminalización de adolescentes provenientes de sectores vulnerables y por la capacidad real del Estado para garantizar centros de detención adecuados, personal especializado y programas efectivos de reinserción.
Otro de los puntos más discutidos fue la forma en que se ejecutarían las penas privativas de libertad. Aunque el proyecto prevé regímenes diferenciados de detención y medidas alternativas al encierro, sectores críticos señalaron que el sistema penitenciario juvenil arrastra problemas históricos de infraestructura, hacinamiento y falta de equipos interdisciplinarios, lo que podría convertir la reforma en una simple ampliación del castigo sin impacto positivo en la reducción del delito.
Con la media sanción obtenida, la iniciativa pasará ahora al Senado de la Nación Argentina, que tiene previsto comenzar su tratamiento el próximo 26 de febrero. Allí se anticipa un debate igualmente complejo, con la posibilidad de que se introduzcan nuevas modificaciones al articulado, especialmente en lo referido a garantías procesales, tipos de penas y alcance de los programas de acompañamiento.
La discusión sobre la edad de imputabilidad vuelve así al centro de la escena política en un contexto de fuerte demanda social por mayor seguridad, pero también de reclamos para que las respuestas estatales no se limiten a soluciones penales. El resultado final de la votación en el Senado será clave para definir si la Argentina avanza hacia un nuevo esquema de responsabilidad penal juvenil o si el proyecto queda reformulado en busca de un mayor consenso político y social.
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