Detenido el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por presuntos delitos económicos; su defensa habla de “persecución política”

La Fiscalía General del Estado de Ecuador confirmó la detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez , como parte de una investigación...

La Fiscalía General del Estado de Ecuador confirmó la detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, como parte de una investigación por presunto lavado de activos, delincuencia organizada y defraudación tributaria, en un hecho que ha generado fuerte impacto político y mediático en el país. La detención se llevó a cabo tras la emisión de órdenes judiciales vinculadas a una investigación que, según las autoridades, duró varios meses y que apunta a posibles irregularidades en la gestión de recursos públicos y movimientos financieros atribuidos al funcionario municipal.

Álvarez, quien ha sido una figura prominente en la política ecuatoriana y especialmente en la escena local de Guayaquil, fue aprehendido por agentes de la Fiscalía y la Policía Nacional en cumplimiento de las órdenes dictadas por el juez competente. Fuentes oficiales indicaron que las acusaciones están relacionadas con una supuesta estructura de delitos económicos que incluirían lavado de activos —que implica la presunta legitimación de ingresos de origen ilícito mediante su integración en actividades aparentemente legales—, así como la participación en una organización criminal con fines de lucro que, según los fiscales, habría operado aprovechando influencias en la administración pública.

Además, los delitos que se le atribuyen a Álvarez incluyen supuestas prácticas de defraudación tributaria en las que se habrían omitido pagos o se habrían utilizado mecanismos fraudulentos para eludir obligaciones fiscales ante el Servicio de Rentas Internas (SRI). La Fiscalía ha señalado que los indicios recopilados —que aseguran derivan de peritajes contables y seguimientos financieros— serán parte del acervo probatorio que se presentará durante el proceso judicial, aunque no ha detallado públicamente todas las evidencias por tratarse de un procedimiento bajo reserva.

En exclusiva con César García Vélez, el abogado defensor del alcalde, Ramiro García, calificó la detención como “incomprensible” y sostuvo que no se entienden “en absoluto las causas de la detención”. García atribuyó las acciones fiscales y judiciales a una presunta persecución política, argumentando que no existe sustento probatorio claro que vincule a su defendido con los supuestos delitos imputados. Según el abogado, los elementos presentados por la Fiscalía son “controvertidos y muy débiles”, y anticipó que serán refutados con contundencia en las instancias correspondientes.

Entre las críticas planteadas por la defensa se encuentra también la publicación de las imágenes de la detención. Ramiro García denunció que se difundieron fotografías y videos en los que se mostraba al alcalde siendo conducido por personal policial, algo que, a su juicio, vulnera garantías procesales y contribuye a una presunción de culpabilidad mediática antes de que se realice un debido proceso ante los tribunales.

El defensor subrayó además que Álvarez utilizó en todo momento el grillete electrónico que le había sido impuesto como una medida cautelar en una investigación anterior, lo cual, según García, demuestra que no existía riesgo de fuga ni conducta evasiva alguna por parte del alcalde. Asimismo, negó que se hubiera encontrado dinero en efectivo durante el allanamiento realizado en la vivienda de Álvarez, desmintiendo versiones que circularon inicialmente en redes sociales y algunos medios de comunicación.

La noticia de la detención ha generado reacciones diversas. Sectores de oposición han celebrado la actuación de las autoridades como un avance en la lucha contra la corrupción, mientras que afines al alcalde y figuras políticas cercanas han cuestionado la operación y han exigido garantías procesales, insistiendo en que la situación se debe analizar con nitidez jurídica y no en un contexto de presión política.

Por su parte, la Fiscalía mantiene su postura institucional y ha señalado que continuará con las investigaciones pertinentes, asegurando que cualquier persona, independientemente de su cargo o investidura, debe responder ante la justicia si existen indicios consistentes de actos ilícitos. El proceso judicial se encuentra en una etapa temprana, y las próximas semanas serán claves para conocer si la Fiscalía presenta cargos formales en audiencia preparatoria y cómo se desarrolla la defensa de Álvarez frente a las imputaciones que enfrentará ante los tribunales ecuatorianos.