Dimite el máximo mando operativo de la Policía tras ser citado como investigado por una presunta agresión sexual

El director adjunto operativo de la Policía Nacional , el comisario principal José Ángel González , ha presentado su dimisión tras conocerse...

El director adjunto operativo de la Policía Nacional, el comisario principal José Ángel González, ha presentado su dimisión tras conocerse que ha sido citado como investigado por un juzgado de Madrid, después de que se admitiera a trámite una querella por un presunto delito de agresión sexual contra una subordinada. La decisión supone la salida inmediata del máximo responsable operativo del cuerpo policial y abre un nuevo frente institucional en uno de los momentos más delicados para la cúpula de Interior.

La citación ha sido acordada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid, que ha considerado que existen indicios suficientes para iniciar diligencias y escuchar al alto mando policial en calidad de investigado. La causa se refiere a unos hechos presuntamente ocurridos en el ámbito laboral, en los que la denunciante, agente subordinada dentro de la estructura policial, sostiene haber sido víctima de una conducta de carácter sexual sin consentimiento.

Fuentes cercanas al procedimiento señalan que la querella recoge un relato detallado de los hechos y de las circunstancias en las que se habrían producido, así como la relación jerárquica entre ambas partes, un elemento especialmente relevante al tratarse de una supuesta agresión en un entorno de dependencia profesional. El juzgado deberá ahora determinar si existen pruebas suficientes para continuar con la instrucción y, en su caso, abrir un procedimiento penal formal.

La renuncia de José Ángel González se produce pocas horas después de que se conociera públicamente la decisión judicial. Desde su entorno se ha insistido en que el ya exdirector adjunto operativo niega los hechos y mantiene su inocencia, pero ha optado por apartarse del cargo para no dañar la imagen de la institución ni interferir en el desarrollo de la investigación. En su escrito de dimisión, según fuentes policiales, subraya su voluntad de colaborar con la justicia y de aclarar cuanto antes lo ocurrido.

El puesto de director adjunto operativo, conocido como DAO, es una de las responsabilidades más relevantes dentro de la Policía Nacional, ya que coordina todas las unidades operativas del cuerpo y actúa como máximo mando uniformado, solo por debajo de la dirección política del Ministerio del Interior. La salida del titular de este cargo genera, por tanto, un vacío de enorme peso en la estructura de mando y obliga a una rápida reorganización interna.

El caso adquiere además una dimensión política por el precedente que rodea la continuidad de González en el cargo. En noviembre de 2024, el entonces ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, decidió dejar sin efecto su jubilación automática al cumplir 65 años, permitiéndole seguir al frente de la dirección operativa. Para ello, el Gobierno recurrió a una modificación normativa que levantó una fuerte polémica en el Congreso y entre diversas asociaciones profesionales de la policía.

Los partidos de la oposición denunciaron entonces que se estaba diseñando un encaje legal a medida para mantener a una persona concreta en un puesto clave, mientras que varios sindicatos policiales alertaron del precedente que podía sentar la prolongación indefinida de un cargo de tan alta responsabilidad. La decisión fue defendida desde el Ministerio como una medida de continuidad y estabilidad en un momento especialmente sensible para la seguridad pública.

Tras conocerse la dimisión, distintas organizaciones policiales han reclamado máxima transparencia y un proceso rápido que permita esclarecer los hechos. También han pedido que se refuercen los protocolos de prevención y de denuncia en casos de acoso o agresión sexual dentro del propio cuerpo, subrayando la importancia de garantizar entornos de trabajo seguros para todos los agentes.

Desde el Ministerio del Interior se ha evitado valorar el fondo del asunto, limitándose a confirmar que la renuncia ha sido aceptada y que se designará de forma inmediata a un responsable provisional para garantizar el normal funcionamiento de la cadena de mando. Mientras tanto, la investigación judicial seguirá su curso en Madrid, en un caso que vuelve a situar en el centro del debate público la responsabilidad de los altos cargos y la necesidad de mecanismos eficaces de control dentro de las fuerzas de seguridad.