El fiscal del chavismo niega la existencia de presos políticos y abre la puerta a una ley de amnistía general en Venezuela

El fiscal general de Venezuela, William Tarek Saab , volvió a rechazar públicamente la existencia de presos políticos en el país y defendió...

El fiscal general de Venezuela, William Tarek Saab, volvió a rechazar públicamente la existencia de presos políticos en el país y defendió que todas las personas privadas de libertad por causas vinculadas a la actividad política se encuentran detenidas por haber actuado, según su versión, al margen de la Constitución y de la ley. En sus declaraciones, Saab afirmó que quienes permanecen encarcelados no lo están por razones ideológicas, sino por la comisión de delitos tipificados en el ordenamiento jurídico venezolano.

“El término preso político no existe en Venezuela”, sostuvo el fiscal, al tiempo que aseguró que las personas detenidas “usaron la política como excusa para cometer hechos punibles”. En ese sentido, recalcó que el Ministerio Público no reconoce categorías políticas en los procesos penales y que todos los casos son tratados como causas ordinarias. “Los llamo presos, no les pongo nombre”, afirmó, subrayando su postura de que no corresponde al sistema judicial diferenciar entre ciudadanos por su militancia o posición frente al Gobierno.

Las declaraciones de Saab se producen en un contexto de fuerte presión internacional y de reiteradas denuncias de organizaciones de derechos humanos, que mantienen que en Venezuela existen decenas o incluso cientos de personas encarceladas por motivos políticos. Diversos organismos internacionales y gobiernos han señalado de forma recurrente al Ejecutivo venezolano por el uso del sistema judicial como herramienta de persecución contra dirigentes opositores, activistas, periodistas y miembros de la sociedad civil.

Frente a estas acusaciones, el fiscal insistió en que la actuación del Ministerio Público se rige exclusivamente por criterios legales y que los casos en cuestión están respaldados por expedientes judiciales, investigaciones y actuaciones de los cuerpos de seguridad. Según Saab, las imputaciones no guardan relación con la ideología de los detenidos, sino con hechos concretos que, en su opinión, constituyen delitos contra el orden público, la estabilidad institucional o la seguridad del Estado.

Al mismo tiempo, el fiscal se refirió a la posibilidad de que se apruebe una ley de amnistía general, una iniciativa que ya cuenta con una primera votación favorable y que debe ser debatida por la Asamblea Nacional. Saab señaló que este instrumento legal podría convertirse en una herramienta política para facilitar un clima de distensión en el país, siempre que se conciba como un mecanismo equilibrado.

En su opinión, una eventual ley de amnistía no debería estar diseñada únicamente para beneficiar a sectores de la oposición, sino que tendría que abarcar también a actores vinculados al oficialismo. “Una ley de amnistía general debe beneficiar a todas las partes, es decir, al gobierno y a la oposición, porque busca la reconciliación y la pacificación”, afirmó, defendiendo que el objetivo principal de este tipo de iniciativas debe ser reducir la confrontación política y social.

La posición expresada por Saab contrasta con la interpretación que hace buena parte de la oposición, que considera que cualquier proceso de amnistía debería centrarse en la liberación de personas encarceladas por razones políticas y en el restablecimiento de derechos fundamentales. Para los sectores críticos con el Gobierno, la narrativa oficial que niega la existencia de presos políticos impide un reconocimiento previo de responsabilidades y dificulta un proceso real de reconciliación.

El debate sobre la amnistía se inserta además en un momento de especial sensibilidad política, marcado por negociaciones intermitentes entre el Gobierno y sectores opositores, así como por intentos de mediación internacional para lograr acuerdos mínimos que permitan una cierta normalización institucional.

Mientras tanto, la afirmación del fiscal general de que no existen presos políticos vuelve a poner de manifiesto la profunda brecha entre el discurso oficial del chavismo y la percepción de amplios sectores de la comunidad internacional y de la sociedad venezolana. La eventual discusión de la ley de amnistía en la Asamblea Nacional se presenta ahora como un nuevo escenario de confrontación política, en el que se medirán tanto la voluntad real de diálogo como los límites que el propio poder institucional está dispuesto a reconocer.