El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha dado un giro significativo al Ingreso Mínimo Vital (IMV) con la aprobación de un real decreto que modifica ...
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha dado un giro significativo al Ingreso Mínimo Vital (IMV) con la aprobación de un real decreto que modifica las reglas de compatibilidad de esta prestación con los ingresos del trabajo, cambiando de facto la filosofía original que orientaba esta ayuda como red de protección social frente a la pobreza extrema y hacia un complemento salarial permanente. Tras entrar en vigor esta modificación, quienes perciben el IMV podrán aumentar sus ingresos laborales hasta 6.000 euros anuales sin que ello reduzca de manera automática la cuantía de la prestación, algo que hasta ahora limitaba fuertemente la acumulación de salario y subsidio.
El IMV, una prestación de la Seguridad Social diseñada para garantizar un nivel mínimo de ingresos a hogares en situación de vulnerabilidad, se estableció inicialmente con condiciones que incluían incentivos al empleo. Estos incentivos buscaban precisamente evitar la “trampa de la pobreza”, mediante la cual las personas con escasos ingresos no aceptaban trabajo por temor a perder la ayuda, y fueron regulados por un real decreto de 2022 que entró en vigor en 2023.
La reforma impulsada ahora por Moncloa simplifica estas reglas y hace que trabajar más no suponga necesariamente una pérdida de recursos públicos por parte del beneficiario. Concretamente, hasta 6.000 € de ingresos laborales adicionales en un año no se tienen en cuenta para calcular la cuantía del IMV. Solo a partir de ese umbral se realizará un descuento parcial que, además, se aplicará con porcentajes más favorables para ciertos perfiles. En la práctica, esto significa que muchas personas podrán acumular salario y prestación durante períodos prolongados, un diseño que cambia sustancialmente el carácter temporal de la ayuda.
El Gobierno ha defendido la medida como una corrección técnica necesaria, con el argumento de que las reglas anteriores eran excesivamente complejas y desincentivaban la contratación. Según fuentes oficiales, la simplificación garantiza que “siempre compense trabajar”, lo que debería, en teoría, favorecer la incorporación al mercado laboral. Sin embargo, esta lectura técnica se ha visto también como un movimiento de calado político y social: la ampliación del umbral y la mayor compatibilidad con el empleo precario consolidan al IMV como un complemento estructural al salario en vez de una ayuda de último recurso.
Las críticas a la reforma subrayan que puede reforzar empleos a tiempo parcial o mal remunerados, ya que mantener el IMV resulta más fácil si los ingresos no superan cierto límite. De este modo, podría crearse una situación en la que personas con similares ingresos terminen con niveles de renta muy distintos dependiendo de su situación con el IMV: un trabajador que no accede a la ayuda no recibe el mismo nivel de apoyo que un beneficiario que sí la tiene, aunque ambos obtengan ingresos parecidos.
Inicialmente concebido como un escudo social para cubrir necesidades básicas en hogares con ingresos insuficientes, el IMV ha ido experimentando ampliaciones y ajustes desde su implantación hace más de cinco años. Datos oficiales muestran que, desde enero de 2026, la prestación llega a casi 800.000 hogares con más de un millón de menores, con una cuantía media de más de 546 € al mes por hogar, tras una revalorización del 11,4 %.
El cambio actual abre un intenso debate sobre el diseño de las políticas de inclusión social: mientras el Gobierno asegura que se moderniza y facilita la salida de la pobreza, críticos ven en la reforma una potencial consolidación de subsidios que podrían desincentivar la búsqueda de empleo mejor remunerado y poner en cuestión la sostenibilidad futura del sistema.
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