El Gobierno impulsa la aceleración de la nacionalización de 1,3 millones de “nietos del exilio” para que puedan votar en las elecciones generales

El Gobierno español ha decidido poner en marcha un programa de impulso y digitalización de los procesos de nacionalidad para las personas qu...

El Gobierno español ha decidido poner en marcha un programa de impulso y digitalización de los procesos de nacionalidad para las personas que reclaman la ciudadanía española en virtud de la Ley de Memoria Democrática con el objetivo de acelerar la tramitación de unos 1,3 millones de solicitudes pendientes y permitir que esas personas obtengan la nacionalidad antes de las próximas elecciones generales, lo que les habilitaría automáticamente para ejercer el derecho al voto. 

Esta ley, también conocida como la Ley de Nietos, fue aprobada en 2022 y reconoce el derecho a solicitar la nacionalidad a los nacidos fuera de España que son hijos o nietos de españoles que perdieron o renunciaron a la nacionalidad por motivos de exilio —ya fuera por razones políticas, ideológicas, religiosas o de orientación sexual— o por otros supuestos como la pérdida de nacionalidad al casarse con extranjeros antes de la Constitución, entre otros criterios. 

Desde su entrada en vigor, la respuesta ha sido abrumadora: se han presentado más de 2,3 millones de solicitudes de nacionalidad bajo este marco legal, de las cuales más de un millón ya están en curso y medio millón han sido resueltas con concesión de la nacionalidad. A la vez, alrededor de 1,3 millones de personas han solicitado cita para iniciar el procedimiento, pero múltiples obstáculos burocráticos y colapsos en el sistema consular han retrasado su tramitación. 

El Ejecutivo ha decidido implementar un sistema digital renovado en los consulados, conocido como DICIREG, que permitirá la plena digitalización de las tramitaciones de nacionalidad y agilizar la gestión de expedientes, reduciendo la dependencia de trámites presenciales y los embotellamientos de citas que han caracterizado la primera fase del proceso. Esta digitalización busca ser clave para atender de forma más eficaz el gran volumen de solicitudes. 

Este impulso gubernamental se enmarca en un contexto político de alta tensión, dado que la incorporación de millones de nuevos ciudadanos con derecho al voto puede tener un impacto significativo en la composición del censo electoral en unas elecciones generales en un clima político muy disputado. Líderes de la oposición, en particular el Partido Popular, han denunciado que estas medidas equivalen a una “ampliación del censo electoral por la puerta de atrás” y han criticado tanto la Ley de Nietos como otros procesos de nacionalización y regularización masiva promovidos por el Gobierno como parte de estrategias con implicaciones electorales. 

La Ley de Memoria Democrática no solo se ha centrado en la nacionalidad como derecho, sino que forma parte de un esfuerzo más amplio de reconocimiento y reparación de víctimas del franquismo y del exilio, una cuestión que también ha incluido medidas de exhumación, retirada de vestigios del franquismo y otras acciones simbólicas y materiales para abordar el legado histórico del país. 

Sin embargo, los desafíos prácticos siguen siendo enormes. La red consular española, con sus oficinas en todo el mundo, ha estado abrumada por la demanda sin precedentes, y los solicitantes han enfrentado largas colas, retrasos en la asignación de citas y procedimientos electrónicos que todavía están en desarrollo. Esto ha llevado incluso a que el Gobierno amplíe el plazo inicial establecido por la ley para que puedan ser atendidas todas las solicitudes presentadas y pendientes de tramitación. 

A medida que avanza la tramitación de millones de nacionalidades, la cuestión de cómo influirá esto en el mapa político de España y el tamaño del censo electoral sigue generando debate y controversia en el país.