El Gobierno permitirá regularizar inmigrantes con una simple declaración responsable, mientras la Policía advierte de fraudes con antecedentes falsos

El Gobierno de España ha dado un giro en su política migratoria y prepara una regularización extraordinaria para decenas de miles de pers...

El Gobierno de España ha dado un giro en su política migratoria y prepara una regularización extraordinaria para decenas de miles de personas que se encuentran en situación irregular, permitiendo en ciertos casos que una declaración responsable de no tener antecedentes penales sustituya al certificado oficial que tradicionalmente exigía la ley de extranjería. La medida se contempla en el anteproyecto de Real Decreto que tramita el Ejecutivo y que podría entrar en vigor en los próximos meses; la idea es facilitar que quienes han residido en España durante al menos cinco meses —antes del 31 de diciembre de 2025— puedan obtener un permiso de residencia y trabajo sin la carga burocrática que representa obtener certificados de antecedentes penales en sus países de origen, algo que resulta difícil o imposible para muchas personas extranjeras. 

Según responsables políticos, en los casos en que los migrantes no puedan aportar por sí mismos un certificado de antecedentes penales —porque su país de origen no responde en el plazo requerido o porque la obtención del documento es materialmente imposible— bastará con que presenten una declaración jurada en la que aseguren bajo su responsabilidad que no han cometido delitos. Esta figura jurídica se usará para “sortear la burocracia insufrible” que a menudo impide reunir documentación completa desde fuera de España. 

El decreto en tramitación pretende abrir la puerta a la regularización de un número muy elevado de personas que han vivido y trabajado en España sin papeles, estimándose que podrían beneficiarse hasta 500 000 migrantes si cumplen con otros requisitos como demostrar su permanencia en territorio español y no suponer una amenaza a la seguridad pública. 

Sin embargo, esta flexibilización de los requisitos ha encendido alarmas dentro de algunos cuerpos de seguridad. Fuentes policiales han alertado de que el proceso podría convertirse en un “coladero” si la comprobación de delitos resulta prácticamente inviable, como ocurre cuando las autoridades extranjeras no responden o tardan más del plazo legal permitido, lo que automáticamente habilitaría la declaración responsable como sustituto. En la práctica, esto significa que en muchos expedientes el Gobierno podría entender que el interesado carece de antecedentes penales sin comprobar realmente su historial, lo que para estos agentes supone un riesgo para la seguridad ciudadana. 

Además de las advertencias sobre la declaración responsable, la Policía Nacional ha detectado redes que aprovechan la situación de vulnerabilidad de migrantes para ofrecerles documentación fraudulenta, como antecedentes falsos o trámites de residencia inexistentes a cambio de importantes sumas de dinero. Aunque estos casos no están directamente vinculados al nuevo decreto, sí ilustran cómo hay organizaciones criminales que comercializan con certificados o documentos falsos para ayudar a extranjeros a conseguir papeles en España, apuntando en algunos casos a ciudadanos de países como Georgia, muy activos en algunos circuitos de documentación irregular. Estas bandas han sido investigadas previamente en operaciones contra la falsificación de documentos en redes sociales y otros canales, donde se llegaban a pagar entre 1 000 y 3 000 euros por documentos europeos falsificados. 

Las críticas a la medida no se han hecho esperar. Partidos políticos de la oposición consideran que relajar los requisitos de antecedentes penales puede debilitar la seguridad jurídica y social, mientras que defensores de los derechos de los migrantes argumentan que facilitar la documentación es necesario para integrar a personas que ya forman parte de la sociedad española y que han contribuido económicamente. En medio de este debate, la Policía ha pedido mayor coordinación y controles más estrictos para evitar que los fraudes documentales perjudiquen tanto a la seguridad como a la credibilidad del sistema migratorio en España.