El Gobierno español ha puesto a disposición pública, a través de la web de la Presidencia del Ejecutivo en La Moncloa , 153 documentos desc...
El Gobierno español ha puesto a disposición pública, a través de la web de la Presidencia del Ejecutivo en La Moncloa, 153 documentos desclasificados relacionados con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, un episodio clave de la historia reciente de España que marcó profundamente la transición democrática. Esta medida, aprobada formalmente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) tras el Consejo de Ministros, supone la apertura de un archivo que hasta ahora había permanecido bajo secreto y que contiene información inédita que permite ampliar el conocimiento sobre los hechos, las decisiones y las tensiones políticas y militares de aquel día y sus antecedentes.
La desclasificación afecta a “todas las unidades documentales que se han encontrado hasta ahora” relacionadas con el golpe de Estado, según explicó la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y comprende archivos procedentes de los ministerios de Interior, Defensa y Asuntos Exteriores. Entre ellos figuran transcripciones de conversaciones telefónicas, notas internas de inteligencia, informes previos al 23-F y documentos manuscritos que hasta hoy no habían sido accesibles para historiadores, periodistas o ciudadanos interesados.
Entre los hallazgos más llamativos se encuentra un documento fechado en noviembre de 1980 que presenta una visión amplia de distintas “operaciones” golpistas en marcha —civiles, militares o mixtas— y que describe posibles estrategias y planes en torno a un intento de asonada. Este texto manuscrito analiza también la viabilidad del intento y plantea escenarios alternativos, incluyendo fórmulas para un gobierno con apoyo militar liderado por figuras clave de aquella época.
Los documentos también ofrecen datos más concretos sobre la propia jornada del 23-F y su fracaso. Algunas transcripciones revelan conversaciones telefónicas entre los golpistas y personas de su entorno mientras los hechos se desarrollaban dentro del Congreso de los Diputados, y otros informes procedentes del antiguo servicio de inteligencia (CESID) y de las fuerzas de seguridad aportan datos sobre comunicaciones internas, órdenes y evaluación de la situación.
Uno de los aspectos que ha generado especial atención es cómo los propios conspiradores atribuyeron el fracaso de la asonada en parte a su decisión de “dejar al Borbón libre”, según un documento que refleja un análisis interno posterior al intento, lo que subraya la complejidad de los factores que influyeron en el desenlace de los acontecimientos.
Estas publicaciones también han servido para aclarar, al menos en parte, teorías y bulos que han circulado durante décadas. Por ejemplo, algunos archivos señalan que no existe evidencia directa de una implicación del rey Juan Carlos I en la planificación del golpe, desmintiendo teorías que habrían tratado de implicar a la Corona como estrategia de defensa de los propios golpistas.
La iniciativa del Gobierno de hacer públicos estos documentos ha sido defendida como un ejercicio de transparencia democrática y de memoria histórica que permite a la sociedad española revisar y entender con mayor detalle uno de los momentos más tensos de la joven democracia, 45 años después de aquellos hechos. También ha reabierto debates sobre la necesidad de reformar la ley de secretos oficiales para facilitar futuras desclasificaciones y evitar que archivos de interés histórico permanezcan inaccesibles durante décadas.
El acceso a este material es libre y puede consultarse a través de la página web habilitada por La Moncloa, lo que convierte estos archivos en una herramienta valiosa para la investigación histórica y la reflexión ciudadana sobre el pasado reciente de España.





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