El juez Peinado exige a Moncloa y a Interior los viajes y correos de Begoña Gómez y advierte de medidas si no recibe la información en diez días

El juez Juan Carlos Peinado ha dado un ultimátum a la Presidencia del Gobierno y al Ministerio del Interior para que, en un plazo máximo ...

El juez Juan Carlos Peinado ha dado un ultimátum a la Presidencia del Gobierno y al Ministerio del Interior para que, en un plazo máximo de diez días, remitan toda la información relativa a los viajes oficiales y a los correos electrónicos de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en el marco de la investigación judicial que dirige. El magistrado ha advertido de que, si no se atiende este requerimiento en el tiempo fijado, adoptará las medidas que considere oportunas para garantizar el avance de las diligencias.

Según ha trascendido, el objetivo de esta solicitud es que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, pueda analizar la documentación y determinar si Begoña Gómez utilizó medios, recursos o servicios de carácter público para fines de naturaleza privada. Entre la información reclamada figuran los desplazamientos en los que habría podido contar con apoyo logístico del Estado, así como comunicaciones electrónicas que permitirían reconstruir el contexto en el que se produjeron determinadas actividades bajo investigación.

El juez considera que estos datos son relevantes para esclarecer si existió algún tipo de uso indebido de recursos oficiales, ya sea en forma de transporte, seguridad, apoyo administrativo o infraestructura dependiente de organismos públicos. Por este motivo, el requerimiento se ha dirigido directamente a Moncloa y al Ministerio del Interior, al ser los departamentos que concentran la información sobre desplazamientos institucionales, dispositivos de seguridad y coordinación de agendas.

En el marco de estas diligencias, el magistrado también ha dejado constancia de que Begoña Gómez se ha negado a facilitar su pasaporte, un documento que, a juicio del instructor, podría resultar clave para verificar de manera precisa las fechas, destinos y características de determinados viajes realizados en los últimos años. La negativa a aportar dicho documento ha sido incorporada al procedimiento y valorada como un obstáculo añadido para la comprobación de los hechos.

Asimismo, el propio juez Peinado ha señalado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tampoco ha colaborado en la obtención de la información solicitada. Según consta en las actuaciones, el jefe del Ejecutivo se habría acogido a la dispensa legal prevista en la normativa procesal, que permite a determinados familiares directos no declarar o no aportar información en procedimientos judiciales. El magistrado ha dejado constancia expresa de esta circunstancia en el procedimiento.

La investigación se encuentra en una fase de análisis documental y de contraste de datos, en la que la UCO desempeña un papel central. Una vez que Moncloa y el Ministerio del Interior remitan la información requerida, los agentes deberán examinar si existió coordinación con servicios públicos para actividades que no guardaban relación con funciones institucionales, así como si se produjeron desplazamientos o apoyos logísticos que no estarían amparados por la normativa vigente.

Fuentes jurídicas señalan que este tipo de diligencias no implica necesariamente la existencia de un delito, pero sí persigue determinar si los indicios recopilados hasta el momento justifican avanzar hacia nuevas líneas de investigación o la citación de responsables administrativos que pudieran haber intervenido en la autorización de recursos públicos.

El ultimátum del juez refleja la voluntad de acelerar el procedimiento y evitar dilaciones en una causa de alto perfil político y mediático. La advertencia de que se adoptarán medidas en caso de incumplimiento abre la puerta a posibles requerimientos reforzados, advertencias formales a los responsables de los departamentos implicados o incluso actuaciones judiciales adicionales para obtener la documentación por otras vías.

Mientras tanto, el entorno del Gobierno mantiene que se están respetando escrupulosamente los cauces legales y que cualquier información que deba ser facilitada se hará conforme a la normativa de protección de datos, seguridad y confidencialidad. En los próximos días, la respuesta de Moncloa y del Ministerio del Interior será clave para determinar si la investigación avanza con normalidad o si el juez decide dar un paso más ante lo que considera una falta de colaboración suficiente con la justicia.